El bloque del FpV-PJ pide rechazar un DNU que reasigna partidas del Presupuesto a la obra pública. “Es otro negocio espurio que prioriza los intereses del Grupo económico del presidente”, señalaron desde la bancada.
Especulando con una eventual victoria bonaerense, la bancada que conduce Héctor Recalde quiere asestarle un golpe al Gobierno tratando de voltearle un DNU mediante el cual se modificó el Presupuesto 2016 para redireccionar fondos millonarios para el financiamiento de obra pública.
El bloque del FpV-PJ en Diputados pidió que la sesión especial se realice el próximo miércoles 16 de agosto -luego de las elecciones PASO- a las 10.30. El año pasado, kirchneristas y peronistas se alzaron con el dictamen de mayoría en rechazo del Decreto 797/16, en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que preside el camporista Marcos Cleri.
En la solicitud presentada este jueves, los legisladores señalaron que este DNU “asignó fondos por tres mil millones de dólares fuera del marco legal a Odebrecht y otra empresa del Grupo Macri”. “El decreto 797/2016 es otro negocio espurio que prioriza los intereses del Grupo económico del presidente y no los intereses de la Nación”, afirmaron.
“Odebrechet está fuertemente vinculada al grupo del presidente Macri: baste como ejemplo la intervención de un banco off shore controlado por Odebrecht adquiriendo por 400 millones de dólares un crédito de la CFI y el BID verificado en el concurso de ‘Correo Argentino S.A.’ (empresa del Grupo Macri) para luego aceptar su cancelación por una cifra insignificante, lo que hace presumir un negocio ilegítimo con los controlantes de la concursada o una operación de lavado de dinero”, apuntaron en los argumentos del pedido de sesión especial.
Y continuaron: “La vinculación entre el Grupo Macri y Odebrecht es manifiesta, y eso hace que la emisión del decreto 797/2016 sea escandalosa. Disfrazado entre otras modificaciones presupuestarias, el presidente asignó allí a la empresa IECSA -de su grupo económico- y a Odebrecht financiamiento estatal por tres mil millones de dólares”.
“De ese modo, en lo formal, modificó, varios años después de la adjudicación, el pliego de condiciones particulares de una licitación pública, relevando a los contratistas de su obligación de aportar el financiamiento”, sostuvieron.
Los diputados subrayaron que la decisión presidencial “es ilegal e inconstitucional en cualquier contexto” y que “el monto de la asignación presupuestaria y los beneficiarios lo transforma en un hecho político de enorme relevancia”.
Advirtieron que “la cifra es altísima” y además “no hay ni siquiera estudios de por qué se aumenta el Presupuesto”. “Este decreto nos exige discutir sobre el negocio de Odebrecht en el Soterramiento del Sarmiento. Su asociación con IECSA, empresa del Grupo Macri, ahora probablemente en manos de un testaferro. Y sobre las prioridades de este Congreso para asignar recursos: la función presupuestaria”, expresaron.
“El Soterramiento es necesario. Está votado por ley y adjudicado. Pero el dinero lo tienen que poner los contratistas. Es su obligación. El Estado luego pagará contra la obra”, agregaron.
