La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibe este martes a nuevos expositores, invitados a opinar sobre el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria. La iniciativa tiene media sanción de Diputados, pero se prevé que sufra numerosos cambios en la Cámara alta.

En la reunión, la jueza en el Tribunal Oral en lo Criminal N°26 de Capital Federal opinó que en el artículo 1ro. de la ley, donde se incluyen todos los delitos del Código Penal, “al estar sin distinción es bastante contradictorio con lo que viene en la ley después”.

“Hay un sistema de agravamiento de sanciones que hace referencia a términos difusos”, agregó luego para plantear modificaciones que deberían hacerse respecto de la responsabilidad sucesoria, el conflicto de intereses y el acuerdo de colaboración eficaz. Sobre el programa de integridad, alertó en que “es demasiado para una PyME” y, por otra parte, expresó: “Yo no estoy de acuerdo que sean imprescriptibles estos delitos, ni emparentarlos con delitos de lesa humanidad”.

A su turno, Fernando Díaz Cantón, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, calificó a la iniciativa como “Frankenstein” porque “en realidad son dos proyectos, es un proyecto que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y otro que se refiere a las grabación de las penas de los delitos de corrupción gubernamental o administrativa; y como al pasar se declara algo que no es menor, que es la imprescriptibilidad de estos delitos, algo que merecería que esta parte del proyecto sea rechazada”.

“El debate de imprescriptibilidad enturbia el debate de responsabilidad penal empresaria”, consideró en este sentido y añadió: “Ni de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de ningún instrumento internacional se desprende que los delitos de corrupción deban ser imprescriptibles”

Además, cuestionó que “la repetición del artículo 258 bis es un síntoma de esta yuxtaposición de proyectos”, y sostuvo que “es criticable desde todo punto de vista este aumento de penas en los delitos de corrupción, donde misteriosamente se olvidaron de la defraudación en perjuicio de la administración pública, que sí unos artículos antes declaran imprescriptible, lo cual demuestra la falta de cuidado a la hora de legislar”.