La intensa actividad de los legisladores en la campaña por las PASO se sintió fuertemente en los encuentros en el recinto porteño, situación que se visibilizó en la asistencia a las sesiones -ordinarias y especiales- ya que la misma tuvo una merma de 3 puntos en comparación con su promedio habitual.
La intensa actividad de los legisladores en la campaña por las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se sintió fuertemente en la asistencia a las sesiones -ordinarias y especiales-, dado que el presentismo en las mismas disminuyó de un 95% al 92% durante junio y julio. Sin embargo, la regularidad de los encuentros en el recinto se mantuvo.
De esta manera, el mes de mayor actividad en este año para el cuerpo fue junio dado que aprobaron 22 normas, al cual lo sigue mayo debido a que sancionaron 20 leyes, mientras que en julio se hizo lo propio con 13 iniciativas. Además, en abril y marzo la Casa aprobó 8 leyes por mes.
Por otra parte, la legisladora que más faltó a las sesiones durante los primeros seis meses del año fue Graciela Ocaña (CP) con 5 ausencias; mientras que Victoria Roldán Méndez (Pro), Pablo Ferreyra, Paula Penacca, Lorena Pokoik (FpV) y Maximiliano Ferreyra (CC ARI) tuvieron 3 cada uno. A su vez, los diputados Omar Abboud, Eduardo Petrini, Roberto Quattromano, Claudio Niño (Pro), Andrea Conde, Magdalena Tiesso (FpV), Juan Francisco Nosiglia (Suma+), Roy Cortina -debido al nacimiento de su primer hijo-, Hernán Arce, Marcelo Depierro (MC) y Fernando Vilarco (AyL), cada uno con 2 faltas.
Finalmente, Francisco Quintana, José Luis Acevedo (Pro), Hernán Rossi (Suma+), Javier Gentilini (FR), Laura Marrone, Marcelo Ramal (FIT), Claudio Heredia, Silvia Gottero (BP), Diego García Vilas (CP), Claudio Palmeyro (SP) y Gustavo Vera (BC) se ausentaron en una sola oportunidad.
Las leyes más importantes del año
Entre las leyes más destacadas de este año se encuentra la reurbanización de la villa Rodrigo Bueno, la cual fue aprobada por unanimidad en el recinto porteño, que propuso “una solución adecuada que posibilita la articulación del derecho a la vivienda de dicha población con el derecho al medio ambiente de la ciudadanía, compensando y reduciendo al mínimo el impacto que pudiere existir por la desafectación de una pequeña porción de la Reserva Ecológica Costanera Sur” y dispuso que “el IVC cree herramientas coherentes para ofrecer oportunidades y facilidades en el acceso a una vivienda digna, y tiene como objetivo central establecer una política habitacional sustentable, en el marco de la superación de la pobreza y el desarrollo integral de la comunidad”.
En este mismo sentido, se sancionó la urbanización del Playón Chacarita -conocido también como el asentamiento Fraga-, cuyo objetivo era el de que “los habitantes puedan gozar plenamente del derecho a una vivienda digna acompañado de un mejoramiento en su calidad de vida y lograr una integración tanto urbana como social a la ciudad”, y que le dará prioridad en la adjudicación de viviendas y soluciones habitacionales definitivas aquellas “familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a materializar”, “habiten viviendas en riesgo de derrumbe”, “con personas con discapacidad y/o adultos mayores”, “víctimas de violencias de género”, etc.
A su vez, se ratificaron los convenios de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires sobre “Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la CABA”, la “Inspección General de Justicia” (IGJ), el “Registro de la Propiedad Inmueble” (RPI) y el fuero penal ordinario. La medida contribuyó a que la Ciudad pueda seguir completando la autonomía del territorio en lo que respecta a las competencias jurisdiccionales, y saldará un viejo reclamo de la dirigencia política porteña, que hace tiempo exigía el traspaso para poder manejar la justicia de la misma manera que lo hacen las provincias, y así continuar con el proceso que comenzó a gestarse con el control del juego, la Policía y podría continuar con los puerto.
Por otra parte, se agravaron las penas contra padres que agredan a docentes y personas que maltraten al personal médico dentro de sus lugares de trabajo. De esta manera buscará elevar al doble las penas cuando se hostigue-verbal o físicamente-, maltrate, intimide, pelee o agreda a los trabajadores de la educación y de la salud.
