La Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED) expresó su “profunda preocupación” ante la aprobación de la norma “Constituyente para la Convivencia Pacífica y en Contra de la Intolerancia” en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -la cual fue puesta en funcionamiento por fuera de la Constitución venezolana el pasado 17 de agosto, asumiendo las competencias del Parlamento Venezolano destituyendo a sus legítimos representantes legislativos-.

De esta manera, denunciaron que la norma fue propuesta por el régimen de Nicolás Maduro, cuyo objetivo era “erradicar el odio impuesto por sectores de la oposición venezolana”; asimismo, manifestaron que en la misma se establecen penas de entre 15 a 25 años de prisión por “crímenes de odio” y que será la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, quien , regulará en las redes sociales el uso de la emisión de mensajes “de odio e intolerancia y fuertes sanciones cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia” alegando que “los partidos opositores han sido los principales responsables de radicar el odio en Venezuela, el odio racial, clasista y político y que podrían realizarse penalizaciones a las empresas proveedoras de redes sociales”.

En este sentido, la fundación consideró que “esta decisión constituye un acto de censura que limita el derecho a la libertad de expresión y de prensa garantizado por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos” y advirtieron que “el régimen venezolano está siguiendo la vía iniciada por Cuba, Turquía y la República Popular de China, los cuales establecieron mecanismos de censura para restringir los mensajes en las redes sociales e internet e incluso, iniciaron investigaciones y procedimientos legales contra un importante número de ciudadanos”.

Asimismo, insistió en su “rechazo a esta decisión que constituye una vulneración de los derechos democráticos fundamentales de los ciudadanos y reafirma su compromiso para trabajar con todos los organismos y organizaciones de la región a los fines de restablecer el estado de derecho en Venezuela”.

Cabe destacar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, condenó la criminalización y militarización de las protestas sociales en Venezuela, también reiteraron la importancia de “crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones y que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática”.