En medio de la polémica por la desaparición de Santiago Maldonado, los diputados Diana Conti y Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) presentaron un proyecto que pretende otorgar jerarquía constitucional a la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas.

Conti sostuvo que “hoy la Argentina se encuentra en vilo” por la desaparición del joven artesano que se encontraba de visita en la comunidad Mapuche Lof en Resistencia de Cushamen, noreste de la provincia de Chubut. “La última vez que se lo vio fue el 1 de agosto mientras intentaba escapar de un violento operativo de desalojo por parte de la Gendarmería Nacional”, señaló.

La kirchnerista comparó al hecho con lo ocurrido durante la última dictadura militar: “Estos hechos nos llevan a la época más nefasta de la historia argentina, donde desaparecía gente a manos de las fuerzas represivas de seguridad. No podemos volver atrás, no queremos volver atrás, es por ello que como representantes del pueblo no podemos mirar para el costado”.

Respecto de la iniciativa, explicó que “si bien esta Convención ya es ley en nuestro país (Ley 26.298), el proyecto busca refrendar el compromiso del Estado Argentino ante la desaparición forzada de personas, ya que para aprobar este proyecto se necesitaría una mayoría especial, lo que se traduce en un acuerdo de todos los partidos políticos contra estos aberrantes hechos”.

“Esta convención fue creada con el fin de trabajar en la adopción de medidas que prevengan, impidan y sancionen la práctica de las desapariciones forzosas. Según dicha convención cuando existen motivos para presumir que una persona desapareció a manos de alguna de las fuerzas de seguridad, el Estado tiene la obligación de encarar una investigación sobre dicha fuerza así como también ordenar a dicha fuerza se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición”, agregó y concluyó: “Exigimos la acción urgente del Estado para buscar, localizar e identificar a los responsables”.