En los casi 21 meses de Gobierno de Cambiemos las bases mismas del orden democrático y constitucional se han visto erosionadas.

Tempranamente el Gobierno Nacional avanzó sin titubear sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa al censurar a periodistas y programas radiales y televisivos críticos a la gestión del presidente Macri. También se espió, despidió y estigmatizó a los trabajadores estatales que se sospechaban opositores. Asimismo, el poder Ejecutivo hizo del Judicial un instrumento de espionaje, persecución y hostigamiento a los dirigentes opositores, llegando a la gravísima decisión de encarcelar por razones políticas a la compañera Milagro Sala. Finalmente, se decidió volver a los tiempos de la represión de la protesta social, cada vez que la re-instauración del modelo neoliberal encontraba resistencias. El corolario y rebote lógico de toda esta serie de violencias políticas e institucionales fue el ataque a balazos y el incendio intencional de varios locales de partidos y organizaciones políticas ligadas al kirchnerismo.

Así empezaron, y nunca pararon.

En el mes de agosto del corriente año sucedieron tres hechos íntimamente relacionados que ponen sobre el tapete la radicalización del giro conservador y autoritario encarado por el Gobierno de Cambiemos. Sin dudas, el más grave de todos ha sido la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería coordinado in situ por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti. Inmediatamente conocido este hecho comenzó el segundo operativo, el político, destinado a imponer en la sociedad – con la complicidad de los medios de comunicación – que Santiago “algo habrá hecho”. Más allá de las barbaridades que dijeron las autoridades nacionales y los medios oficialistas, se inició una campaña nefasta en las redes sociales destinada a instalar tres hipótesis macabras: 1) que Santiago estaba siendo escondido por la oposición para hacerle pagar un costo al Gobierno; 2) que Santiago estaba de vacaciones en el exterior; y 3) que Santiago era un terrorista. Los mismos, calcados, discursos que difundió la dictadura cívico militar para encubrir el genocidio.

El segundo hecho que quiero resaltar es la reacción del establishment a la decisión de los gremios docentes de visibilizar en las aulas el caso de Santiago Maldonado en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Aquí el Gobierno de Mauricio Macri encontró un aliado de “hierro” en el Gobierno provincial de Juan Schiaretti para demonizar a los docentes. Las autoridades gubernamentales nacionales y provinciales salieron sin sonrojarse a presionar a los gremios para que den marcha atrás y en paralelo comenzaron una segunda campaña bajo la consigna “con mis hijos no” contra “la radicalización de los chicos”. Como si Santiago no fuera hijo, como si la educación no fuera el espacio natural para formar ciudadanos comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

El tercer hecho, y el más reciente, lo constituye la serie de allanamientos que tuvo lugar el día de ayer en decenas de locales de partidos y organizaciones políticas, sociales y culturales opositoras de la ciudad de Córdoba, un día antes de que se cumpla un mes de la desaparición de Santiago, para cuando se esperan masivas manifestaciones de protesta en todo el país. Para este nefasto ataque Cambiemos contó no sólo con el apoyo del Gobierno de Unión por Córdoba, sino también del Poder Judicial. A más de tres décadas de la recuperación de la democracia, que nos costó 30 mil compañeros desaparecidos, las fuerzas represivas del Estado volvieron a irrumpir en los espacios de participación ciudadana de forma violenta. La excusa vuelve a estar teñida de estigmatización a la participación política y la protesta social: los daños materiales ocasionados en la última marcha (nada menos que) contra el gatillo fácil.

Aquí hay que establecer con claridad dos cuestiones. En lo coyuntural observamos a Cambiemos y Unión por Córdoba disputándose el voto conservador, corriendo una carrera irresponsable por ver quien se corre más a la derecha y sacia los deseos represivos de las corporaciones y los formadores de opinión. En el mediano y largo plazo, se construye un modelo de democracia restringida, donde Derechos Humanos y constitucionales como la libertad de expresión, la protesta social y la participación política pasan a ser privilegios de unos pocos y ya no más derechos inalienables del conjunto, con el objetivo de instalar un modelo económico y social basado en la concentración de la riqueza, la extranjerización del patrimonio nacional y la flexibilización laboral (como quedó demostrado en el ataque al convenio colectivo de la UTA, que se manifestó en más de cien colectiveros y trolebuseras despedidos).

Sin hablar de las responsabilidades penales que les quepan, hay que resaltar la irresponsabilidad política de Macri y Schiaretti en la promoción de estos discursos antidemocráticos y autoritarios. 34 años de democracia, es decir, de construcción de una cultura democrática, no pueden ser tirados por la borda con fines electoralistas. La frustración de las mayorías populares hay que curarla con trabajo, educación, salud y vivienda, no enfrentando a trabajadores con trabajadores, a pobres contra pobres. Tener presos políticos y desaparecidos ya es inadmisible. Intentar convencer a la sociedad de que esas violaciones a los derechos humanos son justas, no sólo es irresponsable y dañino, sino también sumamente perverso.

Como respuesta democrática y pacífica a esa irresponsabilidad institucional y a esa perversión política, hoy vamos todas y todos a salir a las calles una vez a más, con una sola bandera, la argentina, y una sola consigna: ¡aparición con vida de Santiago Maldonado ya!