“De no extenderse esta norma, quedarían a la deriva unas 926 comunidades”, indicó el legislador.
El diputado nacional Daniel Di Stefano presentó un proyecto que solicita la extensión de los plazos establecidos en la Ley 26.160, que fija los objetivos de relevamientos técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de tierras ocupadas por las comunidades indígenas en el territorio nacional.
Di Stefano fundamenta que “históricamente la usurpación, el despojo de sus tierras y recursos hicieron que la población indígena fuera sometida a la extrema pobreza y exclusión social”, y agrega: “Quienes ejercemos la representación, debemos garantizar los derechos que tienen por sobre lo que les pertenece”.
La ley 26.160 establece un reconocimiento de la obligación del Estado de generar procesos participativos con la finalidad de reconocer la propiedad de territorios a las comunidades indígenas en Argentina.
En su argumentación, el legislador sostiene que es la misma Constitución Nacional Argentina que reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y señala que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan”.
El estado actualizado del relevamiento indica que de las 1532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI) sólo han sido relevadas 759 comunidades, lo que representa un 49% del total que traza el objetivo de la ley.
“De no prorrogarse esta norma, quedarían a la deriva unas 926 comunidades de las que se registran actualmente, sin contar las que todavía no han sido inscriptas en el RENACI” indica el legislador.
Finalmente, Di Stefano expresó que “es importante que como Estado seamos responsables por defender a nuestra gente, la Ley debe profundizar su efectividad. Pensamos en esta herramienta que nos posibilita en lo inmediato proteger la vulnerabilidad de nuestros originarios”.
