En su presentación ante el Senado, el jefe de Gabinete fue interpelado por la oposición sobre la desaparición del artesano. Denunció que “es irresponsable atacar a Gendarmería como institución”, aunque remarcó que esa fuerza “es investigada de arriba abajo”. Y anunció que el año próximo la inversión en infraestructura aumentará un 50%.
Marcos Peña se sometió por segunda semana consecutiva a una fuerte interpelación de la oposición por la desaparición de Santiago Maldonado. Durante la sesión informativa que encabezó este miércoles en el Senado, el jefe de Gabinete volvió a mostrarse cauto y pidió “seriedad y prudencia en dejar trabajar a la Justicia”, aunque denunció que “es irresponsable atacar a Gendarmería como institución”.
A diferencia de lo que ocurrió hace una semana en la Cámara de Diputados, Peña comenzó su exposición con una referencia a la “preocupación” oficial por la desaparición de Maldonado, en medio de los esfuerzos del Gobierno por mostrarse activo y colaborativo con la Justicia. Pero no pudo evitar duras críticas del arco opositor por el manejo del caso.
Desde el ala kirchnerista, Ruperto Godoy, Nancy González, Anabel Fernández Sagasti y Virginia García -que desafiaron al protocolo de la Cámara alta con carteles alusivos en sus bancas- direccionaron sus acusaciones hacia la Gendarmería y abonaron la teoría de la desaparición forzada.
El sanjuanino Godoy, quien ya había confrontado cara a cara con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertó que el caso Maldonado demuestra que “no están garantizados los derechos de todos los ciudadanos”, y acusó al Gobierno de generar “miedo en la sociedad” a través de “un dispositivo mediático perverso, de enfrentamiento y persecución”.
En tanto, Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) apuntó a los intentos de desalojo en tierras de la comunidad mapuche. “De las 1.500 comunidades indígenas que hay en Argentina, sólo a 459 se les ha concluido el relevamiento de sus tierras y sus propiedades”, se quejó.
Al momento de responder, el jefe de Gabinete rechazó “cualquier argumentación de que pueda haber habido un motivo político de este gobierno para promover una desaparición forzosa”.
Advirtió que “es irresponsable atacar a Gendarmería como institución, una institución muy respetada y querida en nuestro país, que está colaborando en la lucha contra el narcotráfico y cubriendo nuestras fronteras”, y agregó que a esa fuerza “la están investigando de arriba abajo, y está bien que así sea”.
“Nosotros no damos por sentado que fue Gendarmería; tampoco damos por sentado que no lo fue”, dijo, al remarcar la necesidad de “analizar todas las hipótesis” en el caso.
Consultado por la chubutense González respecto de “qué resolución tomará el Gobierno” si se comprueba la responsabilidad de esa fuerza de seguridad, Peña insistió en “no hacer especulaciones” y respetar la investigación judicial.
“Tenemos que ser serios y prudentes en materia de dejar trabajar a la Justicia, llegar a fondo para acreditar exactamente qué pasó ese día, y profundizar todas las líneas de búsqueda”, explicó, aunque aprovechó para aclarar que “el cambio de carátula no implica decir que hubo una desaparición forzada, sino que se investiga si hubo una desaparición forzada”.
Además, descartó la ejecución de “prácticas oscuras” en el Gobierno. “Trabajamos para que no existan, y trabajamos sobre las mafias enquistadas, en las fuerzas policiales, en el Servicio Penitenciario, lugares donde se había consolidado un nivel de oscuridad muy grande”, retrucó.
En otro orden, ante una pregunta de Sigrid Kunath (PJ-FpV), el ministro coordinador aclaró que se enviará al Congreso el decreto 638/2017, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que creó la Agencia Nacional de Discapacidad y reemplazó el Consejo Nacional de la Mujer por un Instituto bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
En tanto, anunció que la semana próxima el Poder Ejecutivo reglamentará la Ley de Cannabis Medicinal, en respuesta a dudas de otra senadora del bloque mayoritario, Silvina García Larraburu, por la demora en ese trámite.
Inversión y obra pública
En su informe inicial, Peña anunció que “el año que viene la inversión en infraestructura va a aumentar un 50% en términos reales”, y sostuvo que este plan de obras “es el más ambicioso en la historia del país, y se está haciendo con transparencia, sin corrupción y con mejores precios para el Estado”.
Señaló que “entre 2011 y 2015 cada kilómetro de ruta le costaba al Estado alrededor de 2 millones de dólares”, en tanto que el año pasado “pagamos 1,3 millones de dólares, un 35% menos”. Y añadió que el Ministerio de Transporte “ya se ahorró más de 10.000 millones de pesos por licitaciones más competitivas en estos casi dos años”.
“Ahora los pliegos de las licitaciones son gratis, están colgados en Internet y permiten la participación de más empresas. En donde antes se presentaban cinco empresas, que eran las mismas de siempre, ahora se presentan 20. Esta transparencia y la ausencia de corrupción nos permite aprovechar mucho mejor el presupuesto”, aseveró.
El ministro coordinador explicó que “este año la obra en infraestructura federal del país será equivalente al 2,6% del PBI y el año próximo va a aumentar casi un punto entero, al 3,5 por ciento”.
“Estamos construyendo caminos, puertos y aeropuertos, recuperando líneas ferroviarias, actualizando y ampliando la infraestructura energética y ampliando la red de agua potable y cloacas para cumplir nuestra promesa electoral de darle agua al 100% y cloacas al 75% de los habitantes urbanos del país”, señaló.
El jefe de Gabinete estuvo acompañado en el recinto por los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; y de Relaciones Parlamentarias, Paula Bertol.
También asistieron los titulares del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y del Plan Belgrano, Carlos Vignolo.
