Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia escuchó a especialistas, jueces y fiscales. Hay una docena de proyectos que proponen la implementación del mecanismo en todo el país, pero todavía no se ha llegado a un texto consensuado.
Con la exposición de expertos arrancó este martes en Diputados el debate sobre la implementación de juicios por jurados en todo el territorio nacional, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia.
La jujeña Gabriela Burgos (UCR) informó que hay una docena de proyectos y “se estuvo trabajando en llegar a algún tipo de consenso” porque “tienen muchas coincidencias”, pero “esto recién está comenzado”.
Asimismo, la presidenta de Legislación Penal destacó que “existe alrededor del mundo un extraordinario debate en torno a que personas legas empiecen a participar en la administración de justicia”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia, el cordobés Diego Mestre (UCR), dijo que este tema “es una deuda de este Congreso” y pidió que se pueda “avanzar en este sentido”.
El primer invitado en exponer fue el doctor Jorge Rohde, profesor de la materia juicio por jurados en la UBA, quien advirtió que las iniciativas adoptan el modelo anglosajón que cuenta con diferencias respecto del sistema de Argentina. En ese sentido, brindó sugerencias a tener en cuenta sobre la figura de la querella.
El especialista sostuvo que “la regla de unanimidad no garantiza un menor margen de error” y consideró que “no todo delito amerita la intervención de un jurado popular”, como por ejemplo los delitos contra el orden público, ya que los miembros podrían “terminar siendo influenciados por cuestiones ideológicas”. También señaló que un año para su implementación en todo el territorio nacional es poco tiempo.
Por su parte, Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), elogió los proyectos y dijo que “son de primer nivel mundial”. Se manifestó a favor del jurado integrado por 12 personas y el veredicto unánime, porque sin la unanimidad este mecanismo “se habría caído hace muchos años”. Además, indicó que la coincidencia entre los miembros “deja la sensación de ser la decisión más cercana, más allá de la duda más razonable”.
A su turno, la jueza María Inés Piñeiro Bertot (Tribunal Criminal N°6 del partido de San Martín) aseguró que los juicios de esta índole “maximizan todas las bondades del sistema acusatorio, de la oralidad, y llevan a su máxima expresión la inmediación con la prueba”. Enfatizó en que este mecanismo “asegura la imparcialidad del juzgador. El jurado jamás va a tener contacto con aquella prueba que el juez ya consideró inadmisible y no tiene ningún acceso a la prueba producida en la investigación”.
El secretario y coordinador de la Oficina de Jurados del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Gonzalo Romero, destacó que Córdoba “ha sido pionera” en la implementación de los juicios por jurados y que pronto “cumplimos 20 años” de la realización del primero. “Este es mejor ejemplo, sin lugar a dudas, para democratizar la justicia. La gente realmente quiere participar de la administración de la justicia”, resaltó. Romero también recomendó rever el plazo de un año para la aplicación del sistema en todo el país, y tener en cuenta el tema presupuestario ya que un juicio por jurado cuesta alrededor de “50 mil pesos”.
En sintonía con la mayoría de los invitados, la fiscal Laura Zyseskynd (a cargo de la Fiscalía de Delitos Conexos al de Trata de Personas y Violencia de Género de San Isidro) afirmó que la unanimidad “eleva los estándares” y negó que un jurado popular “se tome más tiempo” en resolver la decisión, y puso como ejemplo casos en la provincia de Buenos Aires donde se han demorado “dos o cuatro horas”.
En tanto, el juez de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires Daniel Carral expresó que “para los jueces ha significado un cambio cultural que va a tener una transcendencia como profundización del sistema democrático de las instituciones”.
Expusieron además Fernando Zvilling, juez de juicio de Neuquén; Darío Vezaro, fiscal general de la provincia de Córdoba; y Carolina Carballido Calatayud, fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género de Pilar, que participó del caso del femicida Fernando Farré.
