La iniciativa, del senador Julio Cobos, fue sancionada con 145 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones. Apunta a “sincerar” el precio de la obra pública, en base al costo del metro cuadrado de vivienda.
La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles un proyecto del senador y exvicepresidente Julio Cobos para cotizar en UVIs los contratos de obra pública destinados a vivienda, como modo de “sincerar” su precio en base al costo del metro cuadrado.
La iniciativa obtuvo 145 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones. Contó con apoyo del Frente para la Victoria-PJ, y fue rechazada por el Frente Renovador -que pidió su regreso a comisión- y el Frente de Izquierda.
La flamante norma fija la UVI (Unidad de Vivienda) como valor para todo el proceso -tanto en el momento en que se cotiza como en el momento que se pagan los certificados de obra pública-. Según la Ley 27.271, un metro cuadrado de vivienda equivale a mil UVIs.
“La incertidumbre en el costo de la vivienda y de otras las operaciones del sector público a largo plazo han sido razón de demoras, de sobrecostos preventivos, de corrupción, y sobre todo de costo fiscal incierto”, contextualizó el presidente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo (Pro).
El legislador señaló que “cuando se iniciaban estas obras, en particular las obras de vivienda, nunca se sabía cuánto iban a costar, y esta es una de las razones por las cuales la Argentina ha tenido el tipo de problemas que ha tenido con la falta de oferta de vivienda, en particular de viviendas para los más pobres”.
“Estamos en un momento de enorme recuperación del crédito. Las cifras respecto de la demanda de créditos hipotecarios hablan por sí solas. Pero esta recuperación del crédito va asociada a una recuperación de los recursos fiscales para la construcción de vivienda, en particular para la construcción de viviendas populares”, explicó Amadeo.
En ese sentido, sostuvo que “es muy importante que el Congreso genere los instrumentos necesarios para sostener y acelerar este proceso de desarrollo de los créditos y de la obra pública destinada a la vivienda”.
Sobre el proyecto, explicó que “se utiliza la UVI como herramienta de previsibilidad”, ya que “la posibilidad de asegurar el costo por la UVI va a beneficiar también a los empresarios, que van a generar mayor oferta de proyectos, porque saben cuánto van a terminar cobrando finalmente”.
También, indicó, este sistema “va a permitir un avance en la asociación virtual entre oferta y demanda de fondos prestables, porque el encadenamiento entre ambas puntas es un incentivo para que el ahorro interno se desarrolle”.
Pablo López, del Partido Obrero, rechazó el proyecto al advertir que las UVIs “son un negocio especulativo”. En cambio, sugirió que el Estado promueva planes de vivienda, que expropie las empresas constructoras, que genere impuestos al gran capital y que nacionalice la banca y cree a su vez un banco de tierras.
El texto sancionado deberá aplicarse a todos los contratos, programas o planes de financiamiento destinados a vivienda cuyos procesos licitatorios comiencen con posterioridad a su entrada en vigencia. Para aquellos que hayan sido celebrados con anterioridad, también podrá aplicarse esta ley, si hay acuerdo entre las partes.
