La crisis energética que atravesamos hace tiempo, alberga la oportunidad de iniciar un proceso de transición energética hacia un modelo de desarrollo sostenible y sustentable que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la de las generaciones futuras.

Construir las políticas de Estado que nos permitan diversificar la matriz energética y caminar, no sólo hacia el auto-abastecimiento, sino a convertirnos en el paradigma de las energías renovables de la región. Falta mucho, sin dudas, pero las posibilidades que brinda nuestra geografía son infinitas. La energía solar, eólica y mareomotriz, entre otras, constituyen una enorme oportunidad de desarrollo para Argentina.

Es preciso comprender que el impacto del cambio climático y en particular, el calentamiento global, son quizás el mayor desafío de este siglo, y en ello se juega nuestra propia supervivencia. Actuar a tiempo, dando cuenta del principio de equidad intergeneracional, es cuidar los recursos para nuestros hijos, y ese es el único camino.

La evidencia científica indica que la actividad humana es responsable de la emisión de los gases que causan el efecto invernadero, cuanto menos el 65% del dióxido de carbono presente en la atmósfera se origina por la combustión de hidrocarburos fósiles.

La relación directa entre la energía que utilizamos y el calentamiento global nos obliga a generar acciones que rompan ese círculo de consumo y contaminación. Energías no tradicionales, pero también energías limpias. Las hay y están al alcance de nuestra intención.

En el año 2006 se aprobó la Ley 26.190 destinada a promover la producción de electricidad con energías renovables, buscando que para el 2016 llegásemos al 8% de energías limpias en nuestra matriz energética. Hoy, alcanzamos el 2%, nos queda camino por transitar, por ello es preciso y fundamental acompañar y facilitar con instrumentos, incentivos y políticas, las acciones que permitan alcanzar los objetivos planteados.

La ley de Fomento a la generación distribuida de energías renovables aprobada por la Cámara de Diputados, da un paso fundamental para garantizar y hacer factible el cumplimiento de los objetivos. La figura del “usuario generador” permite que todos los ciudadanos seamos capaces de producir la energía que consumimos a través de fuentes renovables, por ejemplo, la solar, y volquemos (vendamos) a la red el excedente que no usamos. La herramienta se extiende al sector privado, pero también al sector público: los edificios del Estado, en los próximos años deberán prever mecanismos de generación de energía renovable.

La ley también crea un Fondo, con un presupuesto inicial de 500 millones, que le permite generar beneficios fiscales, incentivos y bonificaciones para promover la instalación de estos sistemas, bajando los costos y permitiendo alcanzar una mayor eficiencia energética y cuidado del ambiente.

El círculo se cierra con políticas estímulo a la producción nacional de esta tecnología, abriendo un enorme potencial para la generación de nuevos puestos laborales.

Las decisiones en materia energética tienen repercusiones económicas y sociales, que se materializan, al igual que las consecuencias ambientales, a lo largo de toda la vida. Situarnos desde un nuevo paradigma centrado en el desarrollo sostenible de nuestro país, pensando en las generaciones futuras y asumiendo la responsabilidad que nos toca cuidando los recursos, ese es el camino que debemos transitar.

Hoy hemos dado un paso hacia la energía del futuro, aspirando a la soberanía energética y garantizando una economía sustentable para nosotros y para los que vendrán mediante una revolución ecológica tan silenciosa como los molinos de viento.