Tratarán en la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de Myriam Bregman (MC) que dispone la apertura y publicidad de toda la documentación referida al caso, al que sectores emparentan con el de Santiago Maldonado.
Cuando se cumplen 11 años de la desaparición de Julio López, testigo y querellante en causas de lesa humanidad, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados debatirá este martes un proyecto de ley que dispone la apertura y publicidad de todos los archivos, informes y expedientes referidos al caso.
La iniciativa fue presentada en diciembre de 2016 por la diputada MC Myriam Bregman, una de las abogadas de López, quien desapareció en 2006 luego de prestar declaración contra el represor Miguel Etchecolatz.
El proyecto será discutido en la comisión que preside Victoria Donda (Libres del Sur) desde las 14 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, en un clima de convulsión social y política por la desaparición del joven Santiago Maldonado, que algunos sectores emparentan con la de López.
El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá disponer la apertura de los archivos que están en manos de la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia (exSIDE), el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, como así también la información del mismo tenor producida por las Fuerzas Armadas.
Los informes que deberán revelarse, según la propuesta de ley, son los relativos a la causa que investiga la responsabilidad de Etchecolatz en crímenes de lesa humanidad, y la causa que tramita el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, sobre la “desaparición forzada” de López.
La medida deberá contemplar “las actividades realizadas, ordenadas o sugeridas por parte de miembros del Estado ya sea nacional, provincial o municipal -incluyendo órganos de Inteligencia-, con respecto a la actividad de los querellantes, testigos y todo otro colectivo o individuo que haya tenido participación” en las causas mencionadas.
Se establece que, una vez sancionada la ley, el Poder Ejecutivo deberá entregar toda la información a la Cámara de Diputados, que será la encargada de “resguardar, almacenar, clasificar, conservar y dar a conocer todos los archivos, nóminas, expedientes y demás documentación”.
Podrán acceder a estos datos quienes actúen como querellantes en las causas citadas; los organismos de Derechos Humanos “públicamente reconocidos” y “toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida”.
En cambio, quedarían excluidos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, y de Inteligencia de todas las jurisdicciones existentes en el territorio nacional, incluyendo a quienes se encuentren en situación de retiro y al personal civil de cualquiera de estos órganos, así como cualquier persona vinculada a delitos de lesa humanidad.
En otro orden, la Comisión de Derechos Humanos debatirá durante la reunión de este martes un régimen de resarcimiento económico a las víctimas de la represión con motivo de las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre 2001.
