La legisladora por el FpV le atribuyó responsabilidad al Gobierno por el acto vandálico en la Plaza Memoria, Verdad y Justicia, consecuencia del “discurso hostil hacia los opositores políticos”.
El pasado sábado 16 de septiembre, fecha emblemática en la historia política contemporánea, se reinauguró la Plaza Memoria, Verdad y Justica en la localidad de Falda del Carmen. Del acto participaron la diputada nacional Gabriela Estévez y la legisladora provincial Carmen Nebreda. Un día después, placas en memoria de Eva Perón y la luchadora, vecina del lugar, Emilia D’ambra, fueron dañadas por desconocidos.
Al respecto, Estévez sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino “que esto se encuadra en una escalada revanchista que es necesario frenar, y es consecuencia de un discurso hostil hacia los opositores políticos que emana desde el Gobierno nacional de Cambiemos”.
Una de las placas, que conmemora a Evita, fue partida al medio por los vándalos; la otra, que recuerda a Emi D’ambra, fue rayada.
La legisladora cordobesa insistió con que “existe un claro paralelo entre la persecución al peronismo que sobrevino al golpe de 1955 y estos momentos, cuando todo el aparato estatal está puesto al servicio del desprestigio de aquellos que acompañamos el proceso político iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner”. Estévez no dejó de mencionar el “inestimable servicio en esta cruzada que brindan los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial”.
Al advertir sobre las responsabilidades de las autoridades, la diputada nacional del FpV-PJ consideró que “es imperioso el pronunciamiento de todo el arco político para repudiar este acto vandálico”, e insistió en que “nadie puede mirar a un costado frente a hechos de violencia política, porque la vocación democrática y de defensa de las libertades públicas, deben unirnos a todos, y dar así señales muy claras a los ciudadanos para la defensa del Estado de Derecho y la Democracia”.
Finalmente, Gabriela Estévez indicó que “no es posible escindir el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado de estos actos de violencia política; desde el propio Gobierno nacional se ha buscado denostar este reclamo y hasta se montaron operaciones con la policía y los servicios de inteligencia para el desprestigio de aquellos que no nos resignamos a aceptar un nuevo desaparecido en democracia”.
