La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Lipovetzky (Pro) recibió este miércoles a activistas que impulsan un proyecto de ley para prohibir la tracción a sangre (TAS) y sustituirla por la tracción motora, no sólo con el fin de erradicar el maltrato animal, sino también para terminar con el trabajo infantil a bordo de los carros.

“En Argentina hay entre 100 mil y 120 mil familias carreras”, reveló Marina Garrido, representante legal de la ONG “No más TAS”, que este año logró que por primera vez la Iglesia se pronuncie en contra del transporte a caballo, en ocasión de la peregrinación gaucha a Luján, prevista para fin de mes.

Garrido explicó que la “lucha” de la organización es por “la dignidad de animales y personas”, ya que “las víctimas son los caballos y los niños” que en los carros llevan adelante trabajos informales, y a su vez “naturalizan la violencia desde edades tempranas”.

Eliana Couso, referente de la ONG, exhibió imágenes de caballos con sobrecarga, ciegos, tuertos, caídos en la vía pública, mal herrados o sin herraduras, con úlceras y lastimaduras, mientras que el periodista Pablo Galeano mostró otro video que registra una “cinchada” de un carro tirado por equinos.

“Hemos visto cooperativas de cartoneros pasar por el despacho de Carolina Stanley, pero a nosotros ni siquiera nos atiende el teléfono”, denunció Couso sobre la ministra de Desarrollo Social y sus reuniones con referentes de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC.

Por su parte, Leandro Fruitos, coordinador de la Red Internacional AcerTAS (Asamblea común para la estrategia de reemplazo de la Tracción a Sangre) relató que ya hubo experiencias de transición hacia la tracción motora en ciudades como Paraná, Río Cuarto, Córdoba, Guaymallén y Godoy Cruz.

Sin embargo, señaló que “muchos gobiernos municipales han encarado políticas públicas que terminan en letra muerta, que no se aplican en el territorio”.

Fruitos indicó que una ley a nivel nacional permitiría trazar una “estrategia marco” para que el Estado brinde incentivos económicos, logísticos y capacitaciones sobre la sustitución de la TAS, pero aclaró que “son los gobiernos locales los que mejor conocen a los carreros y los que tienen que aplicar estas normas”.