El pasado 5 de julio la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, que había sido presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el año pasado. Luego de acaloradas discusiones, se aprobó el proyecto con cambios sustanciales. Tales cambios presentan reparos jurídicos, penales y constitucionales, lo que dificultaba la aprobación por el Senado, al menos, en los términos planteados. No estábamos equivocados, el Senado según se ha anunciado, volverá al proyecto original.

Cuatro puntos centrales marcaron la media sanción por parte de Diputados que cambiaron el proyecto original. Los delitos por los que una persona jurídica será penalmente responsable (art. 1), el acuerdo de colaboración eficaz y sus efectos (art. 20), el programa de cumplimiento, sus requisitos y consecuencias (art. 30) y la prescripción de la acción penal (art. 37). Veamos.

El art. 1 establece que “el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas estará abarcado por todos los delitos del Código Penal”, recordemos que el Proyecto inicial establecía, que se incluían solo los delitos contra la administración pública y el cohecho transnacional.

Aquí es importante aclarar que las leyes que prevén la responsabilidad penal y/o administrativa de las personas jurídicas (España, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Colombia, entre otros) se refieren a delitos económicos, a delitos fiscales, cohecho transnacional, donde la empresa –a través de un deficiente control- permite de algún modo, que se cometan dichos ilícitos. Ninguna de estas leyes, extiende la responsabilidad a “todos los delitos del Código Penal”. Por ello, entendemos, que esta extensión no coincide con el espíritu que persigue este tipo de leyes, castigar la corrupción empresaria.

Otro de los puntos controvertidos radica en el acuerdo de colaboración eficaz y la obligatoriedad de los Programas de Cumplimiento.

Un “acuerdo de colaboración eficaz” (art. 20) es un pacto confidencial entre el Ministerio Publico Fiscal y la empresa. Mediante este acuerdo, esta última se obliga a cooperar, brindar información para el esclarecimiento del hecho, para la identificación de los autores o participes, o para el recupero del producto del delito. A cambio de ello y de otras obligaciones a cargo de la empresa (pago de una suma de dinero en concepto de reparación, la restitución de los bienes o ganancia obtenida, imponer medidas disciplinarias para los autores del ilícito, implementar un Programa de Integridad, entre otras), se le suspenderá la persecución penal, si y solo si, cumple acabadamente con todos los requisitos impuestos.

Este “acuerdo de colaboración eficaz” recibió cambios en relación al Proyecto inicial, endureciendo la vía de escape de la persona jurídica que se somete al acuerdo. Básicamente la suspensión de la persecución penal “podrá” establecerse como una condición del acuerdo, pero ya no es una obligatoriedad para el Ministerio Publico, como si lo era con el anterior Proyecto.

Redactado de esta manera, dudamos que pueda ser utilizado eficazmente, la empresa aun cumpliendo con todos las obligaciones que impone el art. 2, puede que no logre la desactivación de la acción penal en su contra. Es sabido, que en este tipo de investigaciones de corrupción, si no existe un aporte de información de parte de la persona jurídica, en donde internamente se ha cometido el delito, devendrá muy difícil el esclarecimiento del delito y la identificación de sus autores. Por ello, en los países en donde existen este tipo de ley, en la mayoría de los casos se terminan resolviendo mediante acuerdos, a los que se llega con información que las propias empresas aportan.

Lo mismo ocurre con el “Programa de Integridad” del art. 30, que para que sea robusto y eficiente, deberá contener exigentes requisitos. Perocontar con un Programa de Compliance en estas condiciones, le permitirá a la empresa reducir la condena de multa y otras sanciones, pero no ya eximirse de pena, como preveía el Proyecto Original.

Por último, el agregado de la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública (Capítulos VI, VII, VIII, IX y inc. 5 art. 174 del C.P.), que entendemos solo aplicaba a los funcionarios y no a las empresas, si bien no ha sido aclarado en el texto del Proyecto, también se presentabacomo un camino difícil en el Senado. Ya que al menos, habría que analizar profundamente si resiste el control de convencionalidad y constitucionalidad, a que están sometidas todas las normas internas de un país que ha suscripto Pactos Internacionales como es la Argentina.

Ahora bien, según se anunciara, los Senadores intentarán darle dictamen y el miércoles 27 de septiembre, lo llevarán al recinto de sesiones, volviendo al Proyecto original.

Así, se eliminará la imprescriptibilidad de los delitos, la responsabilidad empresaria solo será por delitos de corrupción, se reconocerá responsabilidad penal subjetiva y no objetiva, en sintonía a todo nuestro régimen penal, el Programa de Integridad tendrá efectos de eximente, las multas estarán vinculadas al beneficio obtenido por el delito, no a la ganancia bruta de la empresay el Acuerdo de Colaboración tendrá efectos suspensivos de la acción penal.

De ser así, creemos que la ley podrá tener verdadera aplicabilidad y éxito, pues de otro modo, las empresas no firmarán acuerdos

de colaboración, no incluirán Programas de Integridad, si no se les garantiza suspensión de la acción penal y/o eximición de las penas de multa. Y ciertamente, la experiencia internacional indica, que el éxito de las investigaciones en materia de corrupción, van de la mano del aporte de la información por parte de las empresas involucradas.

Lina Anllo es abogada. Especialista en derecho penal y compliance

@Lina_Anllo