Antes de tratarse la ley de responsabilidad penal empresaria en la Cámara alta, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez remarcó que el proyecto tiene como misión brindar un marco para seguir transparentando la relación entre el sector público y el privado, y generar mecanismos que eviten la corrupción.

“El cambio que empezó la Argentina también abarca la responsabilidad penal de las empresas”, sentenció la parlamentaria radical, pero aclaró que la iniciativa busca generar “un cambio cultural en la relación entre el Estado y las empresas contratadas para realizar una obra o para prestar servicios”. En relación a este punto, agregó que “para eso es necesario un marco legal claro que permita la prevención, la detección, la investigación y la sanción de estos delitos”.

Elías de Pérez explicó que el objetivo principal de esta ley es hacerles frente a los delitos de corrupción contra la administración pública. Para esto, se crea un marco especial que se integra al Código Penal. También se incorpora una figura para casos de soborno internacional (cohecho internacional) que hasta ahora no existía.

Por otro lado, la iniciativa propone incorporar un “programa de integridad” en las empresas que estipula mecanismos de control, planificación, y procedimientos internos de promoción de la integridad para prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de corrupción.

El proyecto de responsabilidad penal empresaria fue enviado por el Gobierno nacional al Congreso el año pasado, y cuenta con media sanción de Diputados, que incorporó modificaciones a la versión original. No obstante, la semana pasada la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado sacó un dictamen con nuevos cambios, en vista a los reparos de los diferentes especialistas. De este modo, se espera que el proyecto, luego del tratamiento por parte de los senadores, vuelva a Diputados con importantes modificaciones, que van más en línea con la primera versión redactada por el Ejecutivo.

La referente de Cambiemos remarcó que la iniciativa que se tratará el próximo miércoles “es una herramienta vital para combatir la corrupción en el país” y que “casos resonantes como los de Odebrecht o como los del IPV podrán ser abordados con instrumentos más efectivos. Está claro que las empresas también deben recibir sanciones penales cuando incurran en delitos”, finalizó.