Por Silvia Giacoppo. La senadora jujeña explica la prórroga de la Ley 26.160, que contempla la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias.
La Ley 26.160, sancionada en el año 2006, declaraba, en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, organismo provincial competente, o aquellas preexistentes y suspendía (por el término de la duración de la emergencia declarada) el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas. La norma fue prorrogada en dos oportunidades y la última prórroga vence en noviembre de este año.
Está claro que es urgente y necesario que el Congreso Nacional de tratamiento a una nueva prórroga de esta Ley ya que no se ha avanzado, desde su sanción, con la necesaria celeridad en la regularización de los dominios de las tierras de las comunidades. Esta norma es, sin dudas, un acto de estricta justicia y reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país pero diferentes incumplimientos estatales retrasaron el ejercicio efectivo del derecho a las tierras de las comunidades.
¿Se va a avanzar, entonces, en la solución de fondo? Por supuesto. Se va a debatir en el Senado en la próxima sesión y lo vamos a resolver porque hay una emergencia con este tema. En 11 años no se ha cumplimentado el empadronamiento de las comunidades a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Esta norma es, sin dudas, un acto de estricta justicia y reparación histórica para los pueblos originarios de nuestro país.
De acuerdo a una auditoría llevada a cabo por la AGN (durante el período 2010/2015) de las, aproximadamente, 1500 comunidades con datos de existencia, solo se han empadronado alrededor de 500. Dos tercios no han regularizado su situación y muchas de las comunidades no han tenido las posibilidades de acceder a esta información y tener el acompañamiento por parte del Estado. Esta situación es la que motivado, desde hace 11 años, las sucesivas prórrogas.
El Gobierno Nacional ha manifestado su compromiso con la resolución de este tema. El Jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó que “acompañaremos la prórroga de la Ley 26.160. Estamos trabajando con las comunidades originarias del país. Recorriendo provincia por provincia para encontrar, juntos, la mejor solución a estos reclamos que llevan ya muchos años”.
Y en Jujuy, es una prioridad del gobernador Gerardo Morales, impulsor de la última prórroga, seguir avanzando para terminar con el programa de restitución de tierras, hecho que permitirá el desarrollo de las comunidades. Nuestro gobierno viene a saldar la deuda que tenemos con los pueblos indígenas. Será, por fin, un reconocimiento a su presencia histórica.
El gobierno de Jujuy tiene el compromiso ineludible de aplicar políticas que tiendan a la ampliación de derechos para todos los jujeños y la fuerte convicción de trabajar codo a codo con las comunidades. La restitución de tierras y el relevamiento necesario para luego otorgarles las escrituras van en ese sentido pero también prevé la consulta previa sobre los temas de su interés, representando un gran avance en el deber ser de las leyes protectorias de los pueblos indígenas.
La propuesta que se evalúa debatir en la Cámara Alta es prorrogar la Ley por otros cuatro años. Y aquí, debo marcar una diferencia. Yo no comparto ese tiempo. Debería ser por un año y contemplar el cierre del Registro al término de ese plazo, porque en los últimos tiempos se han producido ocupaciones motivadas por cuestiones políticas. Debemos ocuparnos del tema, si, pero no solo preocuparnos por el vencimiento actual de la emergencia.
Debemos, definitivamente, realizar el relevamiento tan esperado. Y confirmar, chequeando la posesión de las tierras, si existen los elementos para dar la titularidad. Hay un alto porcentaje de tierras denunciadas. Hay que chequear esa información porque hoy muchos se pusieron la vincha, se disfrazaron de originarios y alegan derechos y flamean banderas de estos pueblos. Quienes hoy usan como bandera la ley, no han hecho nada durante estos 11 años. Y la realidad es que los pueblos originarios, como en Formosa, estuvieron mucho tiempo sin ser atendidos en el gobierno anterior.
Allí hubo avasallamiento y hacinamiento de esos pueblos. Les han vendido las tierras y hay empresas usando recursos naturales, desmontando. Hay situaciones que hay que atender en forma urgente. Sabemos que si antes del 22 de noviembre no legislamos la prórroga, los pueblos originarios van a ser los perjudicados; no los empresarios que se han beneficiado comprando tierras.
Por Silvia Giacoppo
