La corrupción en la función pública es un delito que requiere dos autores: el que corrompe (corrupción activa) y el que se deja corromper (corrupción pasiva). De manera general la corrupción pasiva consiste en hacer o dejar de hacer algo relativo al desempeño de una función pública a cambio de dinero u otra dádiva o promesa de dádiva hecha por el corruptor activo. Este inmoral comportamiento tiene graves consecuencias económicas y sociales, siendo un justo motivo de preocupación para los ciudadanos que se interesan por una gestión honesta de la administración del Estado.

En los países más ricos, existe un cierto rigor para sancionar a los propios funcionarios incursos en corrupción pasiva, pero no se castiga a los propios nacionales que corrompen a funcionarios extranjeros, es decir a los que incurren en corrupción activa. Hace unos años la Comisión de Derechos Humanos rechazó la pretensión de los países ricos de considerar la corrupción como un fenómeno específico de los países pobres.

Este delito es un fenómeno universal, y las legislaciones penales específicas, las leyes nacionales de acceso a la información pública que existen en muchos países, ni los organismos encargados de vigilar a la función pública, alcanzan para suplantar esa falta de un auténtico control popular de la función estatal. Para revertirla será preciso mejorar los sistemas de información de los movimientos del Estado, definir mejor la responsabilidad de los funcionarios, y conformar un cuerpo judicial mejor preparado para tratar los casos de corrupción.

Pero lo cierto es que en cada país la corrupción responde a ciertas pautas propias. La actual corrupción en Latinoamérica se aproxima más que en algunos otros países a las prácticas directamente mafiosas, tales como la extorsión, las presiones, las amenazas, etc., con miras a obtener que amigos del poder tomen participaciones en grandes empresas o se apoderen de obras públicas importantes. El financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de ONGs, de medios de comunicación de masas, etc., son otras formas de corrupción que también distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas en la adopción de decisiones de política económica y social.

Para comprender mejor la lógica mezquina del poder, se puede decir que el mismo se sustenta en el dinero. Sin dinero no hay poder y éste nace de los negociados entre las grandes empresas propias del funcionario gobernante, ya creadas o a crear, con las ajenas, estatales o privadas o incluso entre las propias. Mientras más grandes sean estos negociados más se agiganta el círculo del poder. Si el funcionario maneja empresas a nivel municipal o provincial, el poder estará limitado a esa geografía. Si es a nivel nacional el poder se acrecentará a esta nueva escala, y podrá seguir con los negocios hasta escalas supranacionales. El diseño de poder basado en negocios -negociados y se sostiene en el tiempo sólo con la complicidad y continuidad de los más íntimos, que desde sus orígenes participan de esta metodología, y que se convierten en los socios- testigos irremplazables en el esquema de mantenerse en el poder. Actúan como las rotaciones en el Voleibol: los jugadores tienen que rotar su posición en el campo de juego, haciendo que todos los jugadores se vayan alternando en las posiciones de delanteros y zagueros.

La corrupción es un flagelo que vulnera derechos humanos y afecta el desarrollo de la población. Mientras las rapaces nacionales e internacionales que, en nombre del poder, de la libre empresa, de las privatizaciones, o de las obras públicas financiadas se apoderen con total impunidad de sectores enteros de la economía, seguirá la desocupación, la exclusión y las desigualdades sociales.