El Frente para la Victoria impuso su mayoría en sesión secreta de la Sala Acusadora, y rechazó el pedido de juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner, impulsado por los gremios de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y la CTA Autónoma, y que juntó más de 5.000 firmas de ciudadanos de Santa Cruz.

Los diputados del FpV fundamentaron el rechazo advirtiendo una “intencionalidad política con fines de destitución”, y adjudicaron a los gremios “responsabilidad en la crisis educativa y en la parálisis de la Justicia”.

Por su parte, los legisladores del Frente Unión para Vivir Mejor votaron por la continuidad del proceso, e hicieron hincapié en la cuestión formal del análisis de los incumplimientos invocados como causales de juicio político.

“Lo que sucedió acá es una aberración; por una interpretación errónea de la Constitución y del artículo 4 de la Ley 13, que establece el procedimiento de juicio político”, dijo al respecto Romina McNamara, de la CTA Autónoma Santa Cruz.

Para la empleada judicial, los diputados “no pueden decir que es una cuestión política; era muy fácil porque los solo enunciados que presentamos coinciden con la realidad de que en Santa Cruz no están garantizadas la educación pública, la salud, el servicio de justicia, las prestaciones sociales, no se pagan los salarios en tiempo y forma y hasta tenemos funcionarios presos”.

McNamara, entre un puñado de manifestantes que esperaban el resultado en la puerta de la Legislatura, explicó que “lo que tenían que resolver los diputados es si las causales que presentamos están dentro de lo que dice el artículo 138 de la Constitución Provincial, como cargos para hacer un juicio político; ni siquiera tenían que meterse dentro de las causales”.