El presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, Félix Díaz celebró la aprobación, por unanimidad, de la prórroga por cuatro años a la Ley 26.160, que declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. “Empezamos un desafío muy grande para nosotros, ya que esto fue un logro, pero lo que viene es lo que más anhelamos: la ley de Propiedad Comunitaria para las Tierras Indígenas”, afirmó el referente Qom y se pronunció por la unión de los pueblos originarios en todo el país al afirmar que “nuestros pueblos indígenas nos necesitan, nuestros ancianos y niños, que tienen la esperanza de que algún día sus territorios estén en manos de su pueblo”.

La prórroga tiene por objetivo que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluya el relevamiento catastral que debió haber completado hace ocho años. La Ley original, sancionada en 2006, le había dado al organismo tres años para completar esa tarea. Ayer, varios senadores aseguraron que el trabajo todavía no había superado el 50% de las tierras en disputa.

En este sentido, Félix Díaz participó del tratamiento de la prórroga en el Senado, celebró la iniciativa y afirmó que “es un momento muy particular, ya que se sancionó la prórroga de la Ley gracias al diálogo y al trabajo en conjunto de todos los hermanos que nos acompañan”.

Díaz también agradeció a la presidente del INAI, Jimena Psathakis “quien adhiere al pedido de los pueblos indígenas, a la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, a los diputados de diferentes partidos políticos y a las autoridades indígenas del país”.

Además, el referente les habló a los pueblos originarios y solicitó “que empecemos a madurar y a dialogar entre nosotros” y que “no debemos pelear por lo que dice uno u otro, no nos escrachemos y reflexionemos sobre nuestras acciones”.

Por último, Díaz aseguró que “el Gobierno está dispuesto a apoyar la lucha indígena, pero somos nosotros los que debemos llevar las propuestas y exigir al Estado que cumpla con su obligación de ser garante y la aplicación de la legislación indígena. De esa forma, podremos decir que somos autores directos de nuestras políticas, no seremos manipulados y no nos arrastrarán las organizaciones sociales. Seremos libres para decir lo que nosotros pensamos”.