La Cámara baja se reuniría recién el 26 de octubre para votar la prórroga de la ley contra desalojos indígenas y las sanciones a empresas corruptas. Por lo pronto, sólo está previsto el informe de Marcos Peña, el próximo miércoles.
La Cámara de Diputados no votaría proyectos en el recinto hasta después de las elecciones. En medio de la campaña, el interbloque Cambiemos prefiere ahorrarse posibles dolores de cabeza y, de momento, no abriría el debate parlamentario hasta el 26 de octubre, a pesar de que hay al menos dos proyectos de relevancia a la espera de ser tratados.
La estrategia del oficialismo se terminará de definir la semana que viene, pero fuentes de ese espacio indicaron a parlamentario.com que la única actividad confirmada para el próximo miércoles es la visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien brindará su cuarto informe de gestión del año ante Diputados.
Cambiemos prefiere evitar sorpresas en momentos donde la oposición tiene la mira al Gobierno por el caso de Santiago Maldonado -el domingo se cumplirán dos meses de su desaparición-. Por eso, el interbloque que preside Mario Negri se inclinaría sólo por la presentación de Peña, de la que buscará sacar provecho para la campaña.
La sesión para el próximo miércoles está programada para las 11. La Secretaría de Relaciones Parlamentarias, que conduce Paula Bertol, ya elaboró el informe N°105, que contiene nada menos que 1.269 preguntas de los diputados -una cantidad superior a informes anteriores-. Como es habitual, Peña iniciará su presentación con un tema a elección, para luego responder.
Por otra parte, el martes habría un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General para darle luz verde al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que el Senado aprobó esta semana con numerosas modificaciones. Algunas de ellas de fondo, y otras, por desprolijidades cometidas en Diputados.
“Los cambios nos parecen acertados”, confió a parlamentario.com la radical Gabriela Burgos, titular de Legislación Penal. El dictamen será votado en el recinto, como ya se dijo, con el resultado electoral ya sobre la mesa.
El proyecto es un requerimiento de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y apunta a sancionar los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas, con multas que van de dos a cinco veces la ganancia obtenida indebidamente por la empresa -entre otras sanciones-. Las causas prescribirían a los seis años.
La otra iniciativa que aprobó la Cámara alta y que Diputados tiene en agenda es la prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias. El debate se precipitó por el caso Maldonado y además porque la norma actualmente vigente vence el próximo 23 de noviembre.
La ley busca frenar los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según informó en el Senado el radical Luis Naidenoff, en Argentina hay 1532 comunidades indígenas identificadas, pero sólo 459 -el 30%- tienen el relevamiento culminado.
Los dos proyectos -el de penas a empresas corruptas y el de prórroga de la ley de tierras indígenas- fueron avalados por unanimidad y en ese sentido se espera una amplia mayoría también en Diputados.