Organizadas desde la AAL, se llevarán a cabo entre este jueves y el sábado en Gualeguaychu, y servirá como plataforma pluralista de debate.
Tras el anuncio del jefe de Gabinete Marcos Peña que el Gobierno “impulsará reformas laborales” después de las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo, abogados, jueces, académicos y representantes sindicales de todo el país se congregarán en Entre Ríos para celebrar las tradicionales jornadas proyectadas por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), que servirán de plataforma para diseñar respuestas, desde el mundo del trabajo, a los distintos proyectos de reforma que ensaya el Gobierno.
Las jornadas de AAL se realizarán entre este jueves y el sábado venidero en Gualeguaychú, y se titulará “Los derechos de los trabajadores. Su defensa y sus garantías”.
El presidente de AAL y abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Aceiteros,Matías Cremonte, explicó la relevancia de este encuentro de los actores del mundo del trabajo en el actual contexto político: “Es fundamental en esta coyuntura que los abogados laboralistas utilicemos este ámbito tradicional de debate para reflexionar acerca de la avanzada sobre los derechos laborales, que es en definitiva el objetivo de los ataques sistemáticos del Gobierno nacional tanto a nosotros como a la justicia del trabajo”.
Consideró además que “es muy significativo que estas Jornadas mantengan su carácter pluralista”, y que se encontrarán abogados, jueces y dirigentes sindicales de distintas extracciones “para debatir en un espacio democrático la compleja coyuntura nacional e internacional”.
En el primer panel de debate estarán presentes, además de Cremonte, el camarista laboral Luis Raffaghelli, el secretario general de la Federación Judicial Argentina Hugo Blasco, y Julio Piumatto, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Desde la organización entienden que las jornadas serán clave para que los actores del mundo del trabajo definan estrategias en relación con las acciones judiciales que resisten la aplicación de la nueva ley de riesgos de trabajo y “la creciente intervención del gobierno dentro de la vida interna de los sindicatos”, entre otros temas controversiales.
