El proyecto de ley de régimen penal juvenil, que incluye la baja de edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, ingresará al Congreso después de las elecciones del próximo 22 de octubre. Así lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Gavarano, tras varias jornadas de debate entre legisladores, funcionarios y especialistas.

“Hay un proyecto que seguramente después de las elecciones sea enviado al Congreso”, adelantó Garavano en conferencia de prensa tras un acto de entrega de 20 millones de pesos por parte del Gobierno nacional al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, destinados a mejorar la infraestructura de los institutos de menores provinciales.

Garavano adujo que la iniciativa “forma parte del proceso que tiene que ver con mejorar la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal”, y añadió que, más allá de los casos que tomaron estado público y que abrieron el debate sobre la edad de imputabilidad, el Gobierno piensa en un “abordaje integral”.

“No se trata solamente de un tema de edad, sino de tener una ley que permita un abordaje integral de jóvenes en conflicto con la ley penal”, remarcó el funcionario, quien informó que el tema se trabajó en conjunto con los ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad.

Garavano puntualizó que “en esto la provincia de Buenos Aires es uno de los actores más importantes, porque es una de las jurisdicciones que tiene una de la problemáticas más críticas en esta materia”, y por eso consideró que la posición que se adopte en el principal distrito del país será “clave”.

En esta línea, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, aseguró que “la provincia tiene un régimen penal juvenil que sigue los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y que da todas las garantías”.

“Nosotros tenemos el programa Autonomía Joven en el que trabajamos el último año de la condena para que esos chicos, cuando salen del régimen penal juvenil, tengan la posibilidad de insertarse y no vuelvan al sistema adulto en pocos meses, como solía pasar”, destacó el funcionario.

A principios de marzo, Garavano había asegurado que el Ejecutivo enviaría el proyecto de ley al Congreso “en el primer semestre del año”, pero finalmente no ingresó. El debate se había disparado por el asesinato del menor Brian Aguinaco a manos de otro menor, en Flores.

La discusión inicial de la iniciativa fue encomendada entonces a ocho mesas de trabajo, y la redacción del texto final quedó en manos del Ministerio de Justicia. Se especulaba con que el presidente Mauricio Macri promocionara la ley durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias, algo que no ocurrió.