Tras dos reuniones fallidas, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Victoria Donda, logró el quórum este martes para emitir dictamen sobre el proyecto de ley que dispone la apertura de todos los archivos sobre el caso de la desaparición de Julio López. La iniciativa fue rechazada por Cambiemos.

El proyecto había sido presentado por la exdiputada Myriam Bregman -quien se hizo presente en la reunión-, y tras perder estado parlamentario volvió a cobrar vuelo a partir del caso de Santiago Maldonado. “Esto demuestra la voluntad real que hay sobre el esclarecimiento de la desaparición de Julio López”, destacó Donda.

Sin embargo, el oficialismo adelantó su dictamen de rechazo y tildó a la iniciativa de “inconstitucional”. “Algunas consideraciones chocan además con la Ley de Acceso a la Información Pública”, argumentó Karina Banfi (UCR), la encargada de defender en la reunión la postura oficial.

Banfi cuestionó el artículo del proyecto que establece que, una vez desclasificada la información, podrán acceder a ella las partes querellantes, los organismos de Derechos Humanos y “toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida”.

La radical sostuvo que “una vez que se desclasifica la información, debe ser conocida por todos”, y remarcó que, de acuerdo a los estándares actuales, “para obtener información no se requiere acreditar ningún interés”. “Estamos borrando con el codo lo que acabamos de aprobar con la mano”, dijo, sobre la ley aprobada el año pasado.

Banfi indicó, en diálogo con parlamentario.com, que esa norma establece una excepción en caso de que la información deseada por el solicitante forme parte de una causa judicial; sin embargo, la misma ley aclara que esa excepción “no es aplicable en casos de graves violaciones de derechos humanos”.

Por eso, la legisladora consideró que hoy “hay herramientas judiciales” para obtener ese tipo de datos, por ejemplo, a través de un oficio judicial o de un proceso de juicio político, en lugar de aprobar una nueva ley.

Bregman salió al cruce de ese argumento y explicó que, por tratarse de un caso tan reciente en el tiempo como el de Julio López, “muchas personas hoy viven”, por lo que consideró peligrosa una divulgación total. “Lo que queremos es justicia, no tirar una bomba mediática. La pelea de los organismos de derechos humanos por desclasificar archivos es muy difícil”, señaló.

Además, apuntó: “No vemos que el Gobierno esté preocupado por aplicar la Ley de Acceso a la Información. El proyecto sigue siendo oportuno”.

De todos modos, Banfi informó que presentó un proyecto “superador” para que toda la información sobre delitos de lesa humanidad en manos de Inteligencia sea desclasificada y pase a formar parte de los archivos de memoria, verdad y justicia. “Todos queremos saber qué pasó con Julio López. Como diputados es nuestra obligación generar mecanismos para que todos sepamos la verdad”, afirmó.

La Comisión de Derechos Humanos también avaló un proyecto de Remo Carlotto (Movimiento Evita) que establece un régimen de resarcimiento económico para las víctimas de la represión durante las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre 2001. La iniciativa había obtenido media sanción, pero había perdido estado parlamentario. Cambiemos impulsó un dictamen alternativo.