Un legislador de Cambiemos impulsa una modificación del Código de Faltas que establezca una sanción específica que consistirían en sanciones pecuniarias y de arresto.
El incremento exponencial de las amenazas de bomba contra establecimientos educativos, que conllevan graves pérdidas al Estado y perjudican el normal desarrollo de las actividades en esas instituciones, entre otras cosas, motivaron a un senador provincial impulsar un proyecto de ley con medidas concretas para quienes realicen tales actividades intimidatorias.
La iniciativa, impulsada por el senado de Cambiemos Andrés De Leo, establece sanciones de arresto y multas a quienes lleven adelante amenazas en establecimientos educativos de la provincia.
El proyecto propone incorporar el artículo 74 ter al Código de Faltas, estableciendo arresto de 5 a 30 días o multa de entre el 50 y el 100% del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la provincia de Buenos Aires, “a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, Internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada”.
De Leo deja claro que cuando la falta sea cometida por un menor, serán los padres, tutores, curadores y guardadores los sancionados.
En los fundamentos se establece una sanción específica para aquellos personas que llevan a cabo una amenaza a establecimientos educativos, recordando que en los últimos meses esta situación “ha ido incrementándose a través de llamadas telefónicas a los colegios, la indicación acerca de la colocación de artefactos explosivos”.
“Y si bien en su mayoría este accionar se lleva a cabo a través de comunicaciones telefónicas -agrega De Leo-, entendemos que es importante incorporar otras formas de vinculación actuales, como ser, Internet, sitios web, redes sociales virtuales y correos electrónicos”.
El senador puntualiza que si bien esta clase de amenazas “en su mayoría, son falsas y realizadas por los propios alumnos”, este hecho “no releva al Estado de tener que abordar el tema con rigurosidad, profesionalismo y asumir su obligación de tomar todos los recaudos necesarios, cumplir con el protocolo previsto para este clase de hechos y movilizar a las fuerzas de seguridad”.
El senador De Leo concluye señalando que “este accionar provoca la alteración de la tranquilidad pública, razón por la cual proponemos para revertir esta situación, desde el Estado provincial, la incorporación al Código de Falta de la sanción pecuniaria y de arresto, al margen del reclamo que deberá llevar adelante el Estado, por obtener el reembolso de los gastos que debió afrontar el operativo llevado a cabo para constatar la existencia o no de un artefacto explosivo, extendiéndose la sanción a los padres, tutores o guardadores, cuando la conducta fue realizada por un menor a su cargo”.
