Un diputado radical santafesino hizo una presentación por un tema que involucra a Austral Construcciones por supuestas defraudaciones a la provincia de Santa Fe.
El diputado nacional Hugo Marcucci (UCR/Cambiemos-Santa Fe) le solicitó al fiscal la revocatoria del archivo de la causa que implica a Austral Construcciones y a su titular, Lázaro Báez, por supuestas defraudaciones a la provincia.
En el año 2006, Marcucci, junto los diputados Lamberto y Gutiérrez, denunció la compra de 140 motoniveladoras realizada por Vialidad Provincial a cargo, en ese entonces, de Antonio Grbavac. El proceso presentó diversas irregularidades; pago de sobreprecios, licitación irregular, falta de cobro de las multas por demora en la entrega, incumplimiento en la provisión de repuestos y asistencia técnica, no ejecución de garantías, y, roturas e inutilización de casi la totalidad de las mismas.
Luego de dilaciones que se debieron, según explicó reiteradamente el juez interviniente en la causa, a la escasez de infraestructura, y de recursos humanos, la inactividad del proceso se afianzó, y, la causa fue archivada en 2010. Actualmente, “la defraudación continúa latente”, sostiene Marcucci, y Lázaro Báez, titular del grupo Austral Construcciones, y adjudicatario de la licitación santafecina, fue denunciado en 2008, junto a diversos funcionarios kirchneristas, por “Defraudación en la Obra Pública”, resultando procesado con prisión preventiva efectiva.
“Ante la posibilidad de prescripción de la causa, solicitaré la revocatoria de su archivo ya que creemos que hay sobrados elementos para que ello ocurra. Queremos que los responsables del vaciamiento del Estado, no resulten impunes”, puntualizó el legislador.
En el año 2005, la provincia de Santa Fe adquirió 140 motoniveladoras chinas marca Dinsheng Tiangong, siendo adjudicataria de la licitación la empresa Austal Construcciones S.A.
En el expediente 987/2006, constan diversas irregularidades relacionadas con el objeto social de la firma que resultó adjudicataria, la calidad de las maquinarias adquiridas, y la deficiente verificación técnica ordenada por una comisión ad hoc. Asimismo, la operación comercial contó con observaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe respecto del incumplimiento de requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y de Especificaciones Técnicas.
Otro de los grandes cuestionamientos se relacionó con la deficiente penalización por mora que se estatuía en los pliegos de bases y condiciones. En ellos, se estipulaban multas de un 0,10% del total de la operación por día (3% mensual), en caso de mora en la entrega de las maquinarias, que se descontaría automáticamente al momento de abonarse la facturación.
La compra se efectuó por un total de U$S16.498.006. Cada máquina costó U$S117.842, sin embargo, en los despachos de aduana, consta que el valor de cada motoniveladora fue de U$S91.818, siendo el rédito global de Australes Construcciones de U$S3.600.000.
La causa volvió a la escena pública cuando el sitio web “Wikileaks” publicó información sobre caudalosas transferencias monetarias al exterior por parte de Lázaro Baéz, cuyos fondos se relacionaron con la compra santafesina de motoniveladoras chinas, generando otra causa por presunto lavado de dinero.
Por su parte, cabe destacar que en el pliego de Bases y Condiciones Generales, se exigía a los oferentes, garantías por las propuestas constituidas por el 1% del monto total cotizado. Y, a su vez, establecía una garantía de contrato a quien resultase adjudicatario del 5% del importe adjudicado, en resguardo al cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, y de la garantía técnica de 18 meses (o 2500 ha, lo que se cumpla primero).
La controversia fue nuevamente recordada, cuando se conocieron incumplimientos a la garantía técnica. Constaban en los informes de Vialidad Provincial los cuantiosos problemas de funcionamiento de las maquinarias, y las deficientes respuestas por parte de Austral construcciones. En marzo del 2007, Vialidad Provincial determinó que se habían librado 1063 órdenes de servicio, de las cuales, más de la mitad fue por fallas en las maquinarias. Asimismo se recalcaron las importantes demoras en la atención de servicios, que llegaban hasta 1 año.
En el año 2010, el entonces director de Vialidad Provincial Jorge Placenzotti informó que 88 de las 140 motoniveladoras se encontraban inutilizadas y abandonadas. El fundamento esgrimido se basaba en la compleja tecnología exportada que elevaba considerablemente los costos y tiempos de reparación. Tampoco existen constancias de que las garantías se hayan ejecutado debidamente.
