El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió este viernes que la procuradora general Alejandra Gils Carbó “se tome licencia” hasta que se resuelva su situación judicial, y advirtió que su proceso de destitución será “un tema central” en la agenda parlamentaria para después de las elecciones.

Consultado por radio Mitre sobre en qué puede influir una derrota del kirchnerismo en las legislativas del próximo 22 de octubre, frente a un proceso de destitución de la jefa de los fiscales, el funcionario indicó que “la importancia que tiene la elección tiene que ver con la composición del Congreso” porque “lo que ha tenido hasta ahora el kirchnerismo es una minoría que ha bloqueado su juicio”.

En este sentido, enfatizó que “es el Congreso, más allá de los avances de la justicia, el que va a tener que decidir sobre el futuro de la procuradora”, por lo que adelantó que será “un tema central” en la agenda parlamentaria para después de los comicios.

Garavano insistió en que el Gobierno tiene “serios cuestionamientos a la procuradora por su desempeño, más allá de las consideraciones políticas que uno pueda hacer por su militancia y su cercanía a la expresidenta” Cristina Fernández de Kirchner.

El ministro repasó que Gils Carbó tiene una denuncia por proteger al empresario vinculado al kirchnerismo Lázaro Báez y “ahora ha sido procesada por un hecho grave, un hecho de corrupción por la compra de un edificio”, en referencia a las irregularidades que se le imputan por la adquisición del inmueble destinado a la Procuración General de la Nación en el microcentro porteño.

Según el funcionario, “por la situación que ella atraviesa, no debería poder llevar bien adelante su tarea así que sería lógico que pida, al menos, licencia hasta que se resuelva su situación judicial” y recordó que “esta fue la misma postura” que tuvo la propia Gils Carbó cuando el fiscal nacional José María Campagnoli fue suspendido.

“Necesitamos un procurador que dé garantías a la sociedad y que pueda encarar la transformación del sistema penal para la lucha contra el delito que la sociedad reclama”, señaló, y además dijo que ese cargo “es el más importante en la persecución penal”.

Este jueves el juez Julián Ercolini procesó a la jefa de los fiscales, acusada por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y ordenó un embargo sobre sus bienes por siete millones de pesos, junto a otro cuatro imputados que participaron de la operación de la compra del edificio.

En la Cámara de Diputados, la diputada y cofundadora de Cambiemos Elisa Carrió ha presentado el pedido de juicio político contra Gils Carbó. Incluso, ante las sospechas por la compra del inmueble, la líder de la CC amplió los motivos para que sea sometida a este proceso, pero el tema todavía no ha sido tratado por la Comisión de Juicio Político que preside el macrista Álvaro González y que no se ha reunido a lo largo de este año.

Por otra parte, la Bicameral de Ministerio Público que preside Graciela Camaño había citado a la procuradora para el 18 de mayo pasado. Sin embargo, esa visita se postergó a pedido del propio oficialismo que quería analizar toda la abultada documentación por escrito que la jefa de los fiscales envió a la comisión. Luego de recibir a fiscales y trabajadores judiciales durante el mes de junio, la bicameral no volvió a programar una fecha para interrogar a Gils Carbó.