Tanto Luis Rodríguez como Claudio Bonadio no hicieron lugar a los planteos de la defensa del diputado nacional y exministro de Planificación Federal.
Todos los caminos se le van cerrando al exministro kirchnerista Julio De Vido. Ahora los dos jueces federales que pidieron su desafuero y detención rechazaron los planteos de su defensa para evitar ser arrestado.
Primero fue Luis Rodríguez, que investiga la causa por el manejo irreglar de fondos destinados a la mina de Río Turbio, y más tarde hizo lo propio Claudio Bonadio, que avanza con una causa sobre el presunto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.
El fiscal Carlos Stornelli, quien interviene en las dos causas, había pedido que los planteos de la defensa de De Vido fueran rechazados, argumentando “el cúmulo considerable de procesos penales” sobre el legislador. Stornelli se opuso al planteo de la defensa del exministro de Planificación Federal, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes vienen presentando una batería de medidas para que el exfuncionario no vaya preso.
El fiscal interviene en los dos expedientes en que ya les fueron dictadas órdenes de detención a De Vido. Se trata de las presuntas irregularidades en el Yacimiento Minero de Río Turbio y los supuestos sobreprecios en la compra de gas metano. Se opuso también a un pedido de excarcelación del exnúmero dos del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, quien fue detenido la semana pasada en el marco de la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.
Para Stornelli, De Vido está en condiciones de entorpecer las investigaciones en su contra pues desde su cargo de diputado conserva “relaciones e influencias para obstaculizar las medidas de pesquisa”.
Más tarde el juez Rodríguez señaló que “la decisión de restringir la libertad del imputado no es consecuencia directa del cargo público que ejerce en la actualidad”, sino que “por el contrario, su capacidad de influenciar y determinar a terceros se deriva también de sus antecedentes en la administración pública provincial y nacional”.
Agregó que “las relaciones y el conocimiento que el ejercicio de tales cargos le brindaron no se esfuman por la paralización temporal y voluntaria del ejercicio de su mandato como diputado”.
