La diputada kirchnerista Diana Conti presentó un proyecto para declarar como “derecho humano” el acceso a los servicios públicos de agua potable, gas y energía eléctrica.

La legisladora enfatizó que en el 2017 “la pobreza en la Argentina alcanzó a un 32,9% de la población” y que “gran parte de estos pobres no tienen acceso a los servicios de agua potable, gas y energía eléctrica; por esto es que resulta necesario declarar el acceso a estos servicios públicos como derecho humano y así garantizar un real acceso a los mismos para mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Esto permite analizar con más perspectiva todas las medidas tendientes a tomar por parte del Estado, en cuanto al acceso a estos servicios, entendiendo que debe propiciarse en cada una de las medidas que tomen como gobierno con la suficiente amplitud y que estos recursos no queden facilitados solo para un sector de la sociedad, y menos aún en manos de entidades privadas”, señaló.

Además, recordó la resolución 64/292 de la ONU, que reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, “reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

“Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, puede ser una manera de estimular a la comunidad internacional y a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas y para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio”, continuó.

Respecto de la energía eléctrica, remarcó que “es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social. El servicio eléctrico no puede ser considerado como una mercancía, debe verse como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas que habitan el país, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de todos los habitantes de nuestros país”.

“Lo mismo ocurre, en cuanto al acceso al gas, ya que en buena medida constituye la posibilidad de cocinar y tener calefacción, un elemento indispensable para el digno vivir, máxime en las regiones más australes o de menores temperaturas y como parte del derecho a la vivienda digna”, justificó la diputada.

Conti también mencionó el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Asimismo, hizo citó artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual dispone “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno, poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger esos derechos, y controlar los monopolios naturales y legales”.

El proyecto fue acompañado por los diputados del FpV-PJ Carolina Gaillard, Liliana Mazure, Guillermo Carmona, Alejandro Ramos, Adrián Grana, Rodolfo Tailhade, Teresa García, Analuz Carol, Héctor Recalde, Silvina Frana y Verónica Mercado.

La iniciativa tuvo giro a las comisiones de Obras Públicas, Derechos Humanos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda presididas por Sergio Ziliotto, (Justicialista), Victoria Donda (Libres del Sur) y Luciano Laspina (Pro), respectivamente.