El diputado nacional Facundo Moyano y el titular de la Sedronar, Roberto Moro, se reunieron para analizar conjuntamente un paquete de leyes sobre seguridad vial que viene impulsando el legislador nacional, quien además preside la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Uno de los proyectos tiene como objetivo reducir el nivel de alcohol en sangre permitido, al tiempo que busca penar a los conductores que se nieguen a realizar los controles de alcoholemia.

“Junto al titular de la Sedronar nos comprometimos a trabajar en conjunto para posibilitar que se sancione esta legislación que tiene como objetivo disminuir el índice de siniestralidad en nuestro país que se encuentra entre los más altos del mundo”, sostuvo Facundo Moyano. Y señaló: “Una de las principales causas de siniestros en nuestro país es el consumo de alcohol antes de conducir. Y eso es un problema cultural en la Argentina. Es fundamental trabajar en la prevención, la educación y la concientización”.

Por su parte el titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Roberto Moro, expresó que “la Argentina debe tener, de una vez por todas, una política de Estado sobre el consumo de drogas que perdure en el tiempo y brinde una continuidad jurídica sobre la problemática. Y para que esto suceda, es necesario el compromiso de todos”.

Moyano viene impulsando desde la Comisión de Transporte un paquete de leyes que contiene 5 proyectos que apuntan a la prevención, la educación y la concientización con el objetivo de disminuir la siniestralidad vial en la Argentina. Para darle fuerza las iniciativas se ha reunido con organizaciones civiles especializadas en campañas de seguridad vial, con familiares de víctimas de siniestros viales y con otras áreas del Estado como el Sedronar donde se analizó el proyecto que penaliza a los conductores que se nieguen a realizarse controles de alcoholemia e iguala las penas de la ley de tránsito con la legislación penal vigente.

El paquete de proyectos incluye un proyecto que propone que se incorpore la materia educación vial en las escuelas; otro que crea una plataforma digital de acceso público en la que se vuelque toda la información relativa al transporte nacional; otro proyecto que promueve el uso de medidas tecnológicas de seguridad activa en el transporte público; y por último una iniciativa que crea una Junta de Investigación de Accidentes en el Transporte que sea autárquica, con control parlamentario y profesionalizada.