La diputada del GEN Margarita Stolbizer advirtió este viernes que el Gobierno nacional “repite malas prácticas” del kirchnerismo, en relación a la suscripción de convenios con universidades. “Mi deber como diputada nacional es efectuar una denuncia cuando estoy en presencia de un posible delito. No soy juez o fiscal para juzgar a nadie”, expresó mediante un comunicado.

La legisladora reveló que cuando tomó “conocimiento de hechos que podían constituir delitos en la suscripción de convenios entre el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) Regional Venado Tuerto, con la intervención de una ONG de dicha ciudad, puse en conocimiento de la justicia y posteriormente la causa fue impulsada por el fiscal Franco Picardi y la instruye el juez Sebastián Casanello”.

En referencia a la “supuesta aclaración efectuada” por el ministro del área, Juan José Aranguren, Stolbizer dijo: “A mí no me pesa que un gobierno elegido democráticamente se maneje bajo los estándares de transparencia. Todo lo contrario, lo celebro y lo apoyo. Lo que sucede es que cuando los funcionarios públicos en lugar de elegir cambiar las prácticas irregulares, cuestionadas y denunciadas en múltiples oportunidades, deciden continuar con las mismas en contra de lo prometido a la ciudadanía, siento que debo no solo alertar sobre esta desviación sino también denunciarlas. Máxime cuando se repiten maniobras que la justicia se encuentra juzgando, con la conmoción que ello significa para la ciudadanía”.

“Invito al señor ministro a leer el llamado a indagatoria que se efectuara en el marco de la causa conocida como Río Turbio, donde recientemente se dispuso la detención de Julio De Vido. En primer lugar, allí los denunciantes, es decir los interventores de YCRT, atacaban un convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el YCRT y la UTN cuyo aparente objeto resultó ser la cooperación entre ambas instituciones, en particular la prestación de cursos de capacitación, trabajos de investigación, asistencia técnica y profesional por parte de la UTN al YCRT en temas vinculados a esa área, dictados por dicha Universidad, así como todo tipo de apoyo profesional y técnico. Ahora invito también a leer los convenios suscriptos por el actual gobierno y advertir, tal como hice yo, que son idénticos”, explicó.

Y continuó: “En el marco de la causa Río Turbio, la SIGEN realizó una auditoría y allí pudo determinar que el convenio realizado entre el Ministerio, la Universidad y la Fundación, implicaba que recibieran una retribución del 10% sobre el valor de los contratos que ejecutara la Facultad y concluye que así triangulaban las prestaciones contratadas y eludían los procedimientos de selección que fija la normativa vigente. Me pregunto por qué en el caso de De Vido era una triangulación que eludía los procedimientos y en el caso del señor ministro Aranguren es legal y de acuerdo a una práctica habitual de la administración pública”.

La diputada enfatizó que “a esta altura” y “pese a las aclaraciones brindadas”, ella “no” puede “encontrar las diferencias con las prácticas llevadas a cabo por el kirchnerismo, donde se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales que permitieron, en muchos casos, ‘ejecutar programas’ de diverso interés que simplemente permitieron liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Hay múltiples ejemplos de casos que derivaron en denuncias penales”.

En su extenso comunicado, Stolbizer aclaró que “no he afirmado yo que el gobierno actual sea lo mismo que el anterior. Pero sí puedo asegurar que, en este caso como en varios otros, se repiten malas prácticas, se eluden normas y se violentan procedimientos preestablecidos. Y que todo ello importa una degradación de las instituciones que se habían prometido restaurar”.

“En el caso de la contratación de universidades públicas y asociaciones privadas usadas para el desvío de fondos en la contratación de servicios personales, no hay diferencias de procedimientos. Las hay en cuanto al volumen del dinero que se ha manejado en ambos casos, detectado en el gobierno anterior luego de más de una década pero que son parte de éste desde su inicio”, agregó.

La aliada de Sergio Massa enfatizó que “de ninguna manera mi posición frente a la repetición de prácticas debe ser interpretada como una convalidación de lo que se venía realizando desde el gobierno anterior. Ni que esa crítica pueda ser entendida como un intento de asimilar en otras cuestiones a un gobierno como a otro. Debe estar claro que los cuestionamientos que he formulado tienen que ver con una práctica irregular que se repite sin justificación alguna”. “Porque lo que debió haber hecho cualquier gobierno post kirchnerista era extremar las medidas de prolijidad y diferenciación en el manejo de los recursos públicos y la facilitación de los negocios privados”, consideró.

Por último, subrayó que “las causas por las que Julio De Vido está bien detenido exceden absolutamente el marco de los convenios firmados con universidades. Pero todos ellos están siendo investigados por constituir un apartamiento del marco de legalidad que debe tener la administración pública”.