La diputada nacional Samanta Acerenza, una de las impulsoras de la sanción de la ley, destacó que se trata de “algo prioritario para la protección y respeto de los adultos mayores”.
El Poder Ejecutivo presentó en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el instrumento de ratificación de la Convención, que entrará en vigor para nuestro país pasados los 30 días de la presentación.
La Ley 27.360, Convención Interamericana sobre protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, fue aprobada el 9 de mayo de 2017 por el Congreso Nacional argentino.
La diputada nacional Samanta Acerenza (Cambiemos) una de las impulsoras de la sanción de la ley, afirmó al respecto que “el proyecto para aprobar la convención interamericana de derechos humanos para las personas mayores fue de los primeros que presenté como diputada nacional por entender que es algo prioritario para la protección y respeto de los adultos mayores. Desde mi gestión en el área de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, antes de acceder a la banca legislativa, trabajé involucrándome particularmente con la tercera edad porque creo que fueron durante décadas los grandes olvidados del estado argentino”.
“No sólo me alegra, sino que me enorgullece, ser parte de un equipo político que está recuperando el respeto por los mayores -agregó-. Como sociedad nos falta recorrer un largo camino y volver a comprender que la experiencia que ellos tienen para aportar debe ser tomada en cuenta. Si queremos crecer como país, debemos recuperar el rol de los adultos mayores, cuidándolos, respetándolos y haciendo cumplir sus derechos”, y destacó: “El trabajo de consensos y construcción que se realiza desde la OEA es fundamental, este es el primer instrumento jurídico vinculante en materia de protección de derechos de las personas mayores en el mundo, sabemos que es una Organización pionera en el tratamiento e instalación de herramientas que sirvan para avanzar en la protección de los derechos y las personas mayores que son, también en muchos casos, los más vulnerables necesitan estar protegidos. Argentina fue de los primeros países en plantear un instrumento vinculante de este tipo para proteger a los mayores de 60 años fomentando un envejecimiento activo y autónomo y promoviendo la vida plena de cada ciudadano”.
