El organismo alertó sobre la falta de recursos humanos y materiales aplicados a esa función.
La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó numerosas irregularidades en el control de la pesca en el litoral marítimo argentino, durante un estudio que abarcó el período comprendido entre junio de 2015 y mayo de 2016.
La tarea abarcó la verificación de las aplicaciones informáticas para el control de captura máxima permisible por especie, derechos de extracción, otorgamientos de permisos de pesca y zonas vedadas en aguas marítimas de jurisdicción nacional. El ámbito de aplicación de la auditoría pertenece a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Entre las funciones de la subsecretaría se encuentra la de “establecer e implementar los sistemas de control necesarios y suficientes, de modo de determinar fehacientemente las capturas en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva y desembarcadas en puertos argentinos habilitados y el cumplimiento y veracidad de las declaraciones juradas de captura”.
La auditoría tuvo en cuenta estándares internacionales establecidos como marco de referencia para buenas prácticas de tecnología de la información, las cuales describen los procedimientos que una organización debe implementar para obtener resultados óptimos en la gestión de la información.
Durante el desarrollo de la auditoría se realizaron inspecciones oculares de la infraestructura de control de los puertos de Rawson, Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado; como así también se verificaron los procedimientos vinculados a la carga de datos en las aplicaciones utilizadas en los distritos pesqueros para el control de la actividad.
El auditoría señala que “la Subsecretaría de Pesca no cuenta con un sistema de monitoreo automatizado que permita el seguimiento y generación de alarmas ante el posicionamiento de un buque en zona de veda a una velocidad que presuma que está realizando tareas de pesca”.
Agrega que “la infraestructura que da apoyo a las distintas operatorias de control de las artes de pesca y de descarga de buques en los muelles es inadecuada para desarrollar las actividades de fiscalización y registrar datos en el sistema, poniendo en riesgo la confiabilidad de la información”.
Como ejemplo indica que “los tableros de abastecimiento eléctrico son insuficientes, lo que habilita a los operarios a apelar a alternativas rudimentarias de suministro, tal como conectar una balanza de control de peso para la descarga de un buque a la batería de un vehículo particular”.
Agrega el informe de la AGN “se pudo verificar que las balanzas utilizadas no pertenecen a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ni están homologadas por autoridad competente”, debido a que “son propiedad de los armadores o de las empresas que adquieren el producto”.
Por otra parte, indica que “las actas de desembarco de los buques no controlados se confeccionan con los datos que se extraen de las actas de pesca presentadas por los armadores o los capitanes de los mismos, que tienen carácter de declaración jurada, sin ninguna otra verificación posterior”.
Expresa el estudio que la cantidad de inspectores que dispone la Subsecretaría de Pesca “es inferior a la necesaria para cubrir la demanda operativa existente”, y añade que este inconveniente se agudiza en el puerto de Rawson, donde sólo tres inspectores se ocupan de controlar el peso de captura de un buque pesquero a la vez, mientras otros seis barcos siguen descargando.
La AGN recomendó a las autoridades nacionales a “desarrollar e implementar un sistema que recolecte automáticamente los datos de posición, velocidad y dirección de los buques, filtre los resultados de acuerdo a los criterios fijos (zona de veda, tipos de arte de pesca, etc.) y genere alarmas cuando se cumplen condiciones que se contrapongan con la reglamentación”.
La auditoría corroboró que la actividad de captura de datos “resulta inadecuada debido a la escasez de recursos humanos y materiales aplicados a ella y a la generalizada presencia de procesos e interfaces manuales”. También alertó sobre “la manifiesta debilidad del sistema, que condiciona su efectividad para contribuir con el objetivo de velar por el desarrollo sustentable de la actividad”.
Según la Subsecretaría, en 2015, sobre la actividad pesquera marítima el peso total extraído superó las 760.000 toneladas, de las cuales el 60 % fue destinado a exportaciones por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares, superando a las de carne vacuna para el mismo período.
