La iniciativa fue presentada por la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara, quien aclaró que “no se trata de gratuidad de los servicios, sino de asegurar la asequibilidad para todos”.
La representante del Chaco en el Senado María Inés Pilatti Vergara presentó un proyecto de ley que en su artículo primero establece que se declaren como derechos humanos esenciales para el desarrollo, la preservación de la salud y dignidad humana a los servicios públicos de: agua potable y saneamiento, energía eléctrica, gas natural y GLP.
La iniciativa que cuenta con las firmas de los senadores María de los Ángeles Sacnun, Ana Claudia Almirón, Virginia García, María Ester Labado y Marcelo Fuentes, busca garantizar los artículos 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y los instrumentos internacionales de derechos humanos a los cuales Argentina adhirió. En sus fundamentos se aclara que no se trata de gratuidad de los servicios, sino de asequibilidad para todos, es decir que pueda conseguirse o alcanzarse.
En este sentido, la senadora afirmó que “la garantía de acceso a los mismos no se logra estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición económica privilegiada”.
En la misma línea, Pilatti Vergara aseguró que cuando el Gobierno decidió reducir considerablemente los subsidios a las empresas prestatarias, “que ocasionaron los bien conocidos tarifazos con alzas de hasta el 500 % en algunos servicios, anuló la asequibilidad de los mismos para gran parte de la población”.
“Esta cuestión se agravará con el aumento previsto para fines de este año y para 2018, según lo establece el proyecto de presupuesto ingresado en la Cámara de Diputados y que estipula bajas, como mínimo, de 0,6 puntos porcentuales del PBI para subsidios de energía y transporte”, afirmó.
El proyecto obliga al Estado, a los fines del desarrollo económico nacional y la más justa distribución del ingreso y de resguardar la salud y dignidad humana, a asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eficiente y satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad y seguridad; y procurando el acceso universal a los servicios públicos a los que se hizo referencia.
Asimismo, compromete al Estado a fomentar la educación para el consumo responsable, asegurar el acceso a la información adecuada y veraz sobre todo lo referente a los prestadores de estos servicios públicos y a adoptar los recaudos necesarios para que se efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más apropiada tecnología; entre otras cuestiones.
“Buscamos otorgar a las instituciones, y a la ciudadanía en general, una herramienta que sirva para establecer de manera irrefutable la asequibilidad de estos servicios esenciales, para protegerlos y garantizarlos”, concluyó la senadora.
