Por José Angel Di Mauro. Hubo un factor determinante que advirtieron los jueces y la política. Fue inmediatamente después de las PASO, cuando el desplazamiento del camarista Freiler: una señal de lo fuerte que estaba dispuesto a jugar el gobierno. Entre otros, Gils Carbó tomó nota y actuó en consecuencia.
Hay un antes y un después de las PASO. ¿Qué fue lo que cambió, si al fin y al cabo el gobierno venía anticipando que el oficialismo iba a ser la fuerza más votada en todo el país, con triunfos en los principales distritos, más allá del signo de interrogación que abría la provincia de Buenos Aires? Precisamente ese distrito. La expresidenta no ganó por amplio margen, como los kirchneristas en general y Cristina en particular se habían convencido de que sucedería, y tal cual temía el “círculo rojo”. Y si bien terminó imponiéndose, fue una victoria pírrica, por un margen tan escaso que terminó dejando la sensación concreta de que CFK había tocado prácticamente su techo, mientras que el oficialismo absorbería los votos suficientes para doblegarla dos meses después.
Las PASO cambiaron el clima político, lo cual se combinó con una tardía mejoría -pero mejoría al fin- de la economía, y la sensación de partido definido en favor del gobierno, dando como resultado un triunfo contundente. Pero no todo pasó por las urnas.
Fueron pasos determinantes los dados por el gobierno en los días posteriores a las primarias del 13 de agosto. Sobre todo lo que sucedió en el Consejo de la Magistratura el jueves siguiente, cuando en una hábil maniobra sincronizada el oficialismo aprovechó el desplazamiento de un consejero K y la demora de su reemplazante en jurar, para mandar a juicio político finalmente al camarista Eduardo Freiler. Fue una señal contundente para los políticos de la oposición, que reconocieron en el gobierno una determinación hasta entonces desconocida, y para la Justicia en general, que advirtió que esta administración es capaz de dejar de lado pruritos para concretar sus objetivos.
El desplazamiento de Freiler eliminó además uno de los diques de contención con los que el kirchnerismo contaba en la Justicia, y a partir de ello supieron que solo sobrevendrían disgustos. Los jueces tomaron nota de la situación, advirtiendo que el gobierno estaba dispuesto a usar el poder brindado por el triunfo electoral, que para colmo se potenció el 22 de octubre. El politólogo Andrés Malamud es bien crudo cuando señala que los jueces no actúan en función del gobierno de turno, sino del próximo gobierno. Y las elecciones les indicaron que ese gobierno es el actual… y que el kirchnerismo no volverá al poder.
Sobre el aceleramiento de las causas ya habíamos alertado en esta misma columna en la edición del 24 de septiembre pasado, cuando adelantamos que “esa reactivación de causas y el endurecimiento judicial que no pueden dejar de vincularse con los resultados electorales -aunque debería responder a una fuerte demanda social-, tendrá a numerosos actores de la anterior administración ya no trajinando los pasillos de tribunales, sino sentados en el banquillo, o incluso más que eso: presos. Así lo graficó ante este medio una fuente muy informada de un ámbito que no es el gubernamental ni el judicial, pero con fuertes contactos con ambos y por lo tanto un gran manejo de información”. Lo dijimos hace un mes y medio; hubo solo una diferencia entre lo que anticipamos y lo que sucedió: los presos sobrevendrían después de la feria judicial, dijimos; y fue antes. Pero el resultado es el mismo.
Que todo el mundo judicial parece haber tomado nota del signo político que dominará la escena por un largo período lo muestra con precisión la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Desde el primer día su desplazamiento fue una obsesión para el Presidente, que consideraba “un escándalo” que permaneciera en el cargo, por estimarla una “militante” del anterior gobierno decidida a perjudicar al actual, a partir del manejo de un grupo de fiscales que trabarían causas y activarían otras deliberadamente. Finalmente la tarea paciente y persistente del ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo sus frutos, pero fundamentalmente fue porque la procuradora General de la Nación tomó conciencia de que no tenía sentido seguir resistiendo. La derrota de Cristina debe haber sido el tiro de gracia para dejar de aferrarse al cargo.
Y su procesamiento por la adquisición de un inmueble, sugieren recordar desde Comodoro Py. La procuradora sintió que era su última chance de imponer condiciones para irse de manera decorosa.
El Presidente sintió que el triunfo electoral le da la oportunidad de hacer los cambios necesarios para cambiar la historia. Para llevar adelante -ahora que tiene los votos que lo respaldan- lo que el gobierno “desea hacer”, y ya no lo que “puede hacer”. Por eso los cambios de Gabinete. Sobre todo el de Luis Miguel Etchevehere en lugar de Ricardo Buryaile en Agroindustria. El dirigente entrerriano era el elegido de Macri en 2015, pero entonces el Presidente sintió que no tenía el margen político suficiente como para poner nada menos que al titular de la Sociedad Rural en ese ministerio. Hoy sí, y lo hizo.
Desplazando a un dirigente radical, aunque podría decirse que compensó con la promoción de Adolfo Rubinstein -un hombre ligado al radicalismo- en lugar de Jorge Lemus al frente de Salud. El Presidente siente que las relaciones entre los partidos que componen Cambiemos están lo suficientemente sólidas como para no necesitar repartir parcelas de poder, sobre todo después de una elección en la que todos pudieron crecer y mucho.
Pero cuando piensa en los “cambios necesarios”, Macri no se refiere a los ministerios -dicho sea de paso, no concluyeron las modificaciones; habrá que esperar más en los próximos días. Tal vez la eliminación de carteras-, sino en las grandes reformas que planteó en el CCK. Reformas que generarán previsibles resistencias, de ahí que el Presidente planteara que “cada uno tiene que ceder un poco”. Dos días después, en la reunión de Gabinete ampliado, Macri reiteró a sus ministros que “cada uno tiene que ceder un poco, no hay otra solución”. Y el jueves en la Bolsa de Comercio, insistió ante los hombres de negocios: “Todos tienen que ceder un poco”. Es su obsesión.
Sin embargo esa no parece ser la disposición de todos los sectores que ya se han parado de manos ante los borradores de las reformas que se han conocido. En su último informe del año en el Congreso, Marcos Peña escuchó numerosos planteos de legisladores de la oposición, con duros reparos a las propuestas oficiales. El jefe de Gabinete no dio precisiones, pero una y otra vez insistió en que se buscará el consenso. Los senadores radicales no hablaron en esa sesión, sino tendrían que haber expuesto también sus dudas sobre la manera como los cambios afectarán las economías regionales. Estas reformas generan mucho ruido hacia adentro de Cambiemos. Ricardo Alfonsín hizo sus planteos sobre la reforma laboral, advirtiendo que “la UCR no acompañará” los puntos cuestionados. El al menos no podrá hacerlo, pues su mandato concluye a fin de año y serán los nuevos legisladores los que lo discutan.
Los impuestos al vino han generado reacciones muy duras de parte de las provincias productoras. El gobernador radical de Mendoza -donde Cambiemos ganó por 30 puntos- mandó a su vice a criticar la medida. Su par sanjuanino Sergio Uñac, el ascendente gobernador peronista, directamente se bajó del viaje a Estados Unidos adonde lo había invitado el Presidente. Dará sus razones, pero fue por el vino. A propósito del sanjuanino, este martes estará en la CGT para participar de un acto organizado por el gremio ladrillero, que servirá de excusa para exhibirlo en la sede de Azopardo, donde hace años que no pisa un gobernador peronista.
Y si hablamos de la CGT, también se plantaron frente a la reforma laboral, que no imaginaban tan dura. Volvamos a esos gestos oficiales post PASO: tras la marcha de protesta de la CGT del 22 de agosto, el gobierno desplazó a dos funcionarios ligados a la central sindical, lo que fue tomado como un duro gesto de autoridad del Presidente. Lo tuvieron en cuenta los sindicalistas entonces, y lo tendrán en estas negociaciones, como también la actitud de los jueces con los casos de corrupción. El sindicalismo ya tiene dos encarcelados. Tal vez eso incida a la hora de negociar un paquete de medidas reformistas que muchos estiman deliberadamente ambicioso en todos los sectores, cuestión de dar margen para ceder en las negociaciones intensas que se desarrollarán en los próximos meses.
Cuánto está dispuesto Macri a resignar es la gran incógnita que se plantea
