“Asistimos desde hace tiempo a ataques arteros y despreciables en estos establecimientos que gestionan servicios públicos esenciales para la sociedad, ataques vandálicos que provocaron pérdidas de dinero del erario público, pérdida de días de clases, pérdida de días de trabajo para docentes y auxiliares y, sobre todo, propiciaron una gran angustia en todo el arco educativo”, explicó el legislador que fue reelegido como diputado en representación de la sección capital.

Si bien Rovella explicó que aumentar las penas “no implica en sí mismo un efecto disuasivo, pero estos atentados absurdos y gravosos para el Estado y las personas, requieren una respuesta clara y contundente de la voluntad ciudadana”.

En caso de que la propuesta sea sancionada en la Legislatura provincial, la misma deberá dirigirse al Congreso de la Nación quien debería modificar la Ley 11.179 y sus accesorias para la correcta implementación.

Asimismo, cabe consignar que la propuesta de Rovella incluye de la misma forma y con los mismos argumentos a los establecimientos de la salud pública que también sufren ataques con frecuencia y que conllevan idénticas consecuencias en todos los aspectos señalados para los establecimientos educativos.