El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ponderó el proyecto de ley para la reforma del Ministerio Público Fiscal y enfatizó la necesidad de generar “controles y contrapesos” en dicho organismo.

Al exponer en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el funcionario sostuvo que la modificación a la ley orgánica es “muy importante”, y dijo que desde el Ejecutivo “compartimos en líneas generales” la iniciativa. Llamó a “despojarse de las situaciones político partidarias” para llevar a cabo la discusión.

En relación a la “acumulación de poder enorme y muy fuerte” que posee el Ministerio Público y la figura del procurador general, Garavano señaló que hay que generar “mecanismos de controles y contrapesos” en el organismo.

“La reforma más significativa de este proyecto tiene que ver con el mandato del procurador”, destacó y explicó que las modificaciones que se han realizado en varias provincias y otros países establecen que el procurador tiene que tener un plazo más corto.

Al defender este punto del proyecto, puntualizó que “al haber un período más corto” de duración en ese cargo “en el proceso de designación y de remoción” se requerirán de “mayorías más ágiles”.

Además, resaltó el nuevo mecanismo de remoción que indica el proyecto, que reemplaza al juicio político, pero “respeta el rol del Senado en ese proceso”. En este sentido, el funcionario apuntó que “solo la Constitución puede disponer el juicio político y no una ley”, apoyándose en el fallo del juez Pablo Cayssials que declaró “inconstitucional” este método para remover al jefe de los fiscales.

Respecto de la eliminación de procuradurías, el ministro expresó: “Yo entiendo que de ninguna manera elimina procuradurías, sino que le da la posibilidad -al procurador- de evaluar cuáles son las que se deben priorizar”. Luego, ante los cuestionamientos de Anabel Fernández Sagasti, negó que vaya a disolverse la procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

“Hay que dejar una herramienta para que el procurador o la procuradora tome decisiones en términos de la política criminal del Estado, y rinda cuentas a toda la comunidad y a la comisión bicameral”, agregó.