El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, con el apoyo de un sector del peronismo, fue pasible de cuestionamientos desde diversos sectores, que demorarán la firma del dictamen. Por lo pronto, el análisis continuará la próxima semana.
Contrariamente a lo que imaginaba el oficialismo, el tratamiento del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal demandará un tiempo mayor al que había imaginado y durante el mismo se producirán importantes modificaciones al texto original.
Este miércoles, en el seno de la Comisión de Justicia -presidida por el senador Pedro Guastavino- comenzó el debate sobre el proyecto que modifica el mecanismo de nombramiento del procurador General de la Nación y su remoción, además de la duración del mandato. Expusieron el ministro de Justicia de la Nación, German Garavano y fiscales.
La iniciativa, a la que el ministro Garavano defendió y consideró como “muy importante”, establece modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, al establecer nuevos mecanismos de nombramiento y remoción de los titulares de la Procuraduría y la Defensoría, entre otras modificaciones.
Al ser consultado, el senador Guastavino consideró que “es el espíritu de esta comisión recibir la opinión de todos aquellos que sientan la necesidad de aportar elementos para enriquecer la discusión, en esta ocasión además del Ministro de Justicia de la Nación, hemos recibido a fiscales de la nación, organismos de derechos humanos y a los sindicatos”. “Esperamos continuar de esta manera la semana próxima”.
El texto establece que el procurador será designado por el acuerdo del Senado con una “mayoría absoluta de sus miembros”, previo envió del pliego por parte del Ejecutivo. Eliminando de este modo el requisito de los dos tercios. Otro de los puntos cuestionados por parte de los expositores.
Asimismo, la letra del proyecto conocido el viernes, propone que la duración del mandato del procurador general de la Nación sea de cinco años, con la posibilidad de una prórroga del mandato de dos años más.
Las críticas por parte de los fiscales comenzaron con la exposición del presidente de la Asociación de Fiscales y titular de la Fiscalía N° 2 en lo Criminal y Correccional Federal, Carlos Rívolo al sostener que “se puede facilitar un ingreso de un procurador con mayoría absoluta pero que su remoción no es lo mismo”, refiriéndose a la remoción por mayoría absoluta, que es la mitad más un voto del Senado. “Nos preocupa la cuestión de cómo puede ser removido el procurador y creemos que para ello corresponde actuar con los 2/3 de los miembros de la Cámara”, finalizó.
Luego fue el turno de Raúl Pleé, fiscal General de la Cámara Federal de Casación Penal que expresó estar de acuerdo “con el centro esencial de las modificaciones de este proyecto, pero creo que se queda a mitad de camino”.
Uno de los puntos que más críticas recibió el proyecto por parte de los organismos de derechos humanos es la situación en la que quedan las unidades especiales como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Procuraduría de Violencia Institucional, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), entre otras, al establecer que el procurador general podrá revisar y disponer la situación de las unidades especiales.
Al referirse al plazo de mandato del procurador propuesto en el proyecto, el Dr. Ricardo Saenz, destacó que “el plazo de 5 años para el mandato es razonable y 10 años sería excesivo. La independencia y autonomía que requieren los fiscales es la estabilidad en el cargo y es lógico que no rija para el procurador”. “Es razonable el tema de la mayoría absoluta para su nombramiento, sí en cambio creo que habría que mantener los 2/3 del Senado para su remoción”, finalizó.
Por su parte, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que “a la Corte Suprema nadie la toca y sigue nombrando familiares, hijos y amigos” entre sus funcionarios. Criticó además con dureza los cambios respecto de los nombramientos de fiscales y defensores.
“Yo reglamenté los concursos para los nombramientos”, señaló al cuestionar que el proyecto incluya una cláusula transitoria que permitiría dejar sin efecto todas las designaciones sin concurso de fiscales y defensores públicos realizadas desde 2013 a la fecha.
De la reunión participaron dando su opinión además del ministro, Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales; Raúl Plee, fiscal General de la Cámara Federal de Casación Penal; Paula Litvachky del CELS; Ricardo Saenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Julio Piumato de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Agustín Bruera del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
