A través de dos iniciativas, la radical cordobesa Soledad Carrizo pide que el Parlamento debata todos aquellos fallos del Tribunal Superior que recomiendan nuevas leyes.
La diputada nacional Soledad Carrizo (Córdoba- UCR) presentó dos proyectos que procuran el diseño de una herramienta institucional de diálogo republicano dentro del Congreso de la Nación.
El primero de estos proyectos ley propone la creación de una Comisión Bicameral de Comunicación Judicial y Diálogo Republicano para el estudio de las sentencias, resoluciones y pronunciamientos judiciales exhortativos y recomendatorios dirigidos por parte de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la Nación.
En estos términos, el proyecto propone la creación de una comisión permanente multipartidaria y de transversalidad política, compuesta por miembros de ambas cámaras y dotada de las competencias necesarias para el estudio de todas las sentencias y resoluciones dirigidas a su conocimiento con carácter recomendatorio por la Corte Suprema.
El segundo proyecto, de Resolución propone en cambio, la modificación del reglamento interno de la Cámara de Diputados asignando nuevas competencias a la Comisión de Justicia, permitiendo el estudio de dichas sentencias judiciales que recomienden, exhorten, o prevean la modificación, derogación y/o sanción de una ley por parte del Congreso de la Nación.
Las dos propuestas buscan generar un espacio de deliberación entre el órgano judicial y el legislativo para el mejor diseño de soluciones que atiendan a problemáticas estructurales en nuestro país; fortaleciendo el diálogo en aquellos temas que por su complejidad requieren una intervención conjunta y no simplemente una reacción unilateral por parte de cada uno de ellos.
De esta forma, “ambos proyectos buscan acompañar el desarrollo de las nuevas prácticas judiciales denominadas atípicas, que reclaman nuestra atención como legisladores. Dichas prácticas se manifiestan a través de una actividad de reflexión por parte del órgano judicial dirigida al legislador a través de sentencias que indican y exhortan la readecuación del ordenamiento jurídico, sea ya a través de la derogación, modificación o incluso la sanción de una nueva norma”, explicó la legisladora.
Algunos ejemplos de estas prácticas judiciales pueden encontrarse en los fallos Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios (29/03/2005 sobre las Reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones); Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus (03/05/2005 sobre el estado y condiciones de las cárceles); Badaro, Adolfo Valentín (08/08/2006 sobre la movilidad jubilatoria); Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación (23/05/2007 referido a la inconstitucionalidad del régimen de nombramiento de jueces subrogantes); y Mendoza Beatriz Silvia y Otros C/ Estado Nacional y Otros S/ Daños y Perjuicios (08/07/2008 sobre la contaminación ambiental en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo); entre otras, que reclaman para su solución la intervención conjunta de todos los órganos del Estado.
Para que dichas sentencias recomendatorias sean atendidas y revisadas por el órgano legislativo, resulta necesario dotar al Congreso de la Nación -o en su defecto a cada una de sus cámaras- de un espacio concreto para su estudio ante la ausencia de vías institucionales que actualmente permitan su recepción y análisis.
