En un comunicado, el bloque que preside Leonardo Grosso sostuvieron que “son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas a mandatos constitucionales”.
El bloque de diputados del Movimiento Evita, que preside Leonardo Grosso, informó este jueves que se opone “de manera absoluta” a la reforma laboral que propone el Gobierno y a la modificación de la fórmula que determina la actualización semestral de los haberes previsionales.
En un comunicado, los diputados Grosso, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Remo Carlotto y Araceli Ferreyra argumentaron su fuerte rechazo en que “no se trata de proyectos meramente opinables: son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales, dirigidos a dañar gravemente los intereses, los derechos y el bienestar de los trabajadores activos y pasivos”.
Sobre la reforma laboral, advirtieron que “ya se sabe que afecta, entre otros institutos básicos, la irrenunciabilidad de los derechos; la responsabilidad solidaria de todos los que se benefician con la prestación de servicios y la limitación al derecho del empleador a modificar como le plazca las formas y modalidades del trabajo”.
Además, señalaron, se afectan “los límites del tiempo de trabajo permitiendo el retorno de las jornadas extenuantes y facilitando a los empleadores eludir el pago de horas extras; y la estabilidad en el empleo abaratando el despido”.
Por último, los diputados criticaron que se cree “un fondo financiado por los propios trabajadores para sustituir el pago de indemnizaciones por despido sin causa”.
En cuanto a la reforma del sistema de cálculo de los haberes previsionales, explicaron que se oponen porque “se pretende reemplazar una fórmula que posibilita el incremento de su poder adquisitivo por sobre los índices que expresan la evolución de los precios por otra que producirá, con certeza matemática, el deterioro de ese poder adquisitivo, además de ni siquiera prever una canasta de precios ajustada al consumo real de los adultos mayores”.
“Es por eso -concluyeron- que nos parece necesario destacar el significado profundo de estos proyectos regresivos que desnudan las verdaderas intenciones del gobierno y su ligazón íntima con los intereses del poder económico más concentrado, así como su firme decisión de proteger esos intereses a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y el desamparo de los más vulnerables”.
