“Papita pal loro” habrán dicho el kirchnerismo y satélites ante la revelación de que el ministro Juan José Aranguren integraba los boards de sociedades off shore que comerciaban con el Estado argentino y que han sido evidenciadas en los Paradise Papers.

Tal ha sido el tenor de la cuestión que el Ministerio de Energía y Minería ha debido distribuir un comunicado aclaratorio, en el que intenta contar qué pasó, por qué las cosas son así y por qué, a pesar del aura del tema, el negocio del GNL, por el que hay presos recientes del gobierno anterior, ahora se ejecuta con máximas transparencias.

Para consuelo de Juanjo, quien ayer recibía todo tipo de solidaridades en su telefonito, y desconsuelo de millones, el grito de piedra libre a sociedades en paraísos fiscales es un problema que no le afectará en soledad al funcionario clave de Mauricio Macri.

Queen Elizabeth II, Bono y los parientes y amigos de Vladimir Putin son la pantalla mediática de un streaptease que hace bien en inquietar a miles de abogados, contadores y consultores que cobran muy bien arquitecturas legales y financieras con las que sus clientes aportan lo menos posible a sus verdugos fiscales en todo el planeta.

Clientela, vaya novedad, que está a los dos lados del mostrador. Paradise Papers escandaliza porque hay líderes de gobierno y entornos desde China a Canadá, de Rusia a Brasil y desde Colombia a la Argentina. Por la sencilla razón de que Estado, bancos, empresas y sindicatos no son compartimentos estancos y el personal va y viene de un rol a otro llevando sus negocios y sus ahorros a cuesta.

Este naciente Paradisegate promovido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) será, sin embargo, una madeja más difícil de desenredar, porque ahora no se trata de acorralar a oscuras cuentas de atesoramiento para obligarlas al blanqueo, un operativo que le ha sido ganancioso a los Estados Unidos, único país que no adhirió a al novedoso bigstick que impuso a los mercados.

Por el contrario, poner a flote y en la prensa mundial la lógica de las empresas caimanes tiene lo suyo: si se repasan pressreleases de negocios de inversión que disparan las empresas listadas en las bolsas, se verá cuán extendida es la práctica de escoger Bermudas, Barbados, Panamá, Gilbraltar, Luxemburgo, Malta y otros tantos paraísos donde la presión impositiva es menor y la eficiencia de costos financieros se optimiza.

“Son las tecnológicas, estúpido”. Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Apple, Yahoo, Uber, aparecen en el lote mixturado con Glencore, Siemens, Nike, Mc Donalds, Walmart y Allianz y siguen las firmas, parecen ser el verdadero target de esta movida. Estados Unidos y Europa, sufrientes por igual de la pérdida de mercados y empresas a manos de China, quisieran poner en caja una montaña de impuestos (US$ 100.000 millones por año en el país de Trump) que pasan por sus narices rumbo a los paraísos soñados. Destinos en los que han anidado decenas de miles de compañías en las últimas décadas.

El ICIJ y sus periodistas, esparcidos por los cinco continentes están disfrutando del prestigio y del momento que todo periodista anhela, como es poner en jaque al establishment y obligarlo a salir a reconocer y a explicar incómodo lo que eran secretos de pocos.

Ciclo de huracanes en el Caribe. Ayer fue una garganta profunda Mossack Fonseca de Panamá City y hoy filtraciones de Appleby, de Cayman Island. Algo raro está pasando que hay tantos sismos. Son horas de trasnochadas callconferences y briefs severos. “Please todo bien encriptado, que no queremos ser tapa de los diarios”, es la consigna.