La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, que Cambiemos aceleró por la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, avanzaría esta semana en el Senado, luego de que se frustrara la firma del dictamen favorable el último miércoles por diferencias en el peronismo. El saldo del debate, del que participó el ministro de Justicia, Germán Garavano, es que la iniciativa sufrirá cambios.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV) volverá a reunirse este martes a las 16 en el Salón Illia de la Cámara alta. El oficialismo tiene la intención de despachar el proyecto del tándem Federico Pinedo-Miguel Pichetto, pero si quiere colarlo el miércoles en sesión, deberá reunir el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento sobre tablas.

Uno de los cambios principales que recibiría la iniciativa tiene que ver con el tipo de mayoría necesaria para remover al futuro procurador. El proyecto habla de mayoría absoluta en ambas cámaras (129 votos en Diputados y 37 en el Senado), pero por las críticas que recibió esta modificación se mantendría el requisito de los dos tercios de los votos en la Cámara alta, como sucede actualmente.

En el caso de Diputados, donde hoy también se necesita una mayoría agravada, bastaría con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes). La diferencia principal con la legislación actual es que el proceso de remoción no será estrictamente un juicio político, ya que ese mecanismo fue declarado inconstitucional por un fallo del juez de primera instancia Pablo Cayssials.

El futuro jefe de los fiscales deberá ser designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros, si se aprueba el proyecto de la dupla Pinedo-Pichetto. En la actualidad, el nombramiento -al igual que la remoción- exige los dos tercios.

Otra novedad que incluye el proyecto es que además de la causal de mal desempeño para solicitar la remoción del procurador, se agregarán otras dos causales: crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que Gils Carbó, por ejemplo, podría haber sido removida por este motivo cuando fue procesada por el juez Julián Ercolini en la causa por la compra del edificio para la Procuración.

De aprobarse la reforma de la ley actual, la remoción podrá ser solicitada desde la Cámara de Diputados y también por el Poder Ejecutivo, con las mayorías antes mencionadas en ambas cámaras. El candidato deberá cumplir con los requisitos hoy vigentes y deberá ser sometido a una audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado, cuya presidencia hoy está en manos del peronismo, con el salteño Rodolfo Urtubey, que tiene mandato hasta 2019.

La iniciativa establece que el procurador dura en su función por cinco años con posibilidad de reelección por otros dos, por única vez, ya que hoy el cargo es vitalicio. “Al ser un órgano unipersonal y vitalicio a la vez, eso le daba mucho poder a quien lo encabezara”, explicó a parlamentario.com un legislador que estudió y trabaja en el tema.