Treinta y nueve organizaciones enviaron una carta pública a los candidatos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor, en la cual sostienen que el procedimiento “no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana requeridos internacionalmente en la materia”.

Destacaron que el rol trascendental que le reconoce la Constitución al Defensor del Pueblo exige que el titular sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad en la defensa de derechos. En este sentido consideran que para ello, “es necesario establecer un procedimiento participativo, abierto y transparente que permita evaluar los antecedentes de los candidatos y aportar información relevante previo a la toma de decisiones sobre la designación”.

“Ante la omisión de la Comisión Bicameral de selección de regular un procedimiento de esas características”, señalan las organizaciones en la misiva, estiman que ello no debería ser óbice para su implementación, ya que “la necesidad del mismo se funda en el derecho de la ciudadanía de peticionar a las autoridades y de participar en la vida política, y tiene especial sentido por sus efectos positivos respecto a la calidad e imparcialidad de la decisión final”.

Asimismo, afirman que la decisión de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo no respeta los estándares internacionales en materia de designación de miembros de instituciones de defensa de los derechos, plasmados en los Principios de París aprobados por la Asamblea General de la ONU y en las recomendaciones del Instituto Internacional de Ombudsman.

Finalmente, la carta sostiene que si los candidatos aceptaran ser designados de este modo, “estarían convalidando que decisiones políticas relevantes se adopten sin escucha a la ciudadanía, y que con ello, traicionarían desde antes de asumir el mandato que pretenden ejercer”.