La diputada nacional electa anticipó el primer proyecto de ley que impulsará al asumir. Es para que las personas con dinero en paraísos fiscales no puedan ser funcionarios públicos.
La diputada nacional electa por Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos adelantó a parlamentario.com que cuando asuma en sus funciones como legisladora nacional presentará un proyecto de ley dirigido a combatir la “corrupción estructural” que “prohíba el ejercicio de la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado a todos aquellos que tengan dinero, bienes, participen, tengan inversiones o formen parte de sociedades que se encuentren en países considerados guaridas fiscales”.
La iniciativa de Vallejos también propone castigar con una pena no menor a los 10 años de prisión no excarcelable la evasión offshore.
“Combatir la corrupción estructural, los nuevos tipos de criminalidad económica offshore, practicada a nivel global y facilitada por ingenierías financieras y guaridas fiscales de lavado internacional, no es una cuestión de derecho penal, es una prioridad del desarrollo económico y social de nuestras naciones, es una necesidad para la satisfacción de las cuestiones más trascendentes de la tarea política: la reducción de la pobreza, la mejora de la igualdad, la felicidad de nuestro Pueblo”, señala Vallejos en un tramo del borrador del anteproyecto de ley.
El problema de los paraísos fiscales constituye una preocupación para políticos y especialistas en criminalidad económica en diversas latitudes del globo. Se trata de países con bajísima o nula carga de impuestos para quienes depositan su dinero en cuentas bancarias o constituyen sociedades en esos territorios laxos o nulos en el control del lavado de dinero; otra característica central de estos países es el secreto bancario; todas concesiones absolutamente convenientes para quiénes tienen dinero negro y quieren vivir en su país sin pagar impuestos o quieren evitar ser controlados por sus capitales de origen espúreo.
De acuerdo con un trabajo de James Henry, execonomista jefe de la consultora internacional McKinsey, el monto albergado en paraísos fiscales asciende a US$36 billones, el doble del tamaño de la economía de Estados Unidos.
El estudio de Henry “llama la atención sobre este enorme ‘agujero negro’ en la economía mundial que nunca había sido medido: la riqueza privada depositada en cuentas off shore y la cantidad de ingresos que produce libre de impuestos”, señaló el autor.
Un informe de la Comisión Económica para América latina (CEPAL), con datos del año 2014, revela que la evasión fiscal de personas y empresas en la región latinoamericana costó cerca de US$ 200.000 millones.
Según las estimaciones del gobierno de Ecuador, solucionar el problema de la evasión vinculada a los patrimonios ocultos en paraísos fiscales permitiría sacar de la pobreza a 32 millones de personas en América Latina y el Caribe.
Por todas estas razones, distintos países del mundo y de la región comenzaron a interesarse en mejorar sus legislaciones para incorporar estas nuevas problemáticas y sancionar esta corrupción estructural de nuevo tipo.
En Costa Rica y Ecuador, a partir del escándalo internacional desatado con los Panamá Papers, se aprobaron leyes que limitan las actividades offshore de funcionarios públicos.
“Los cálculos de los expertos internacionales para el caso argentino, hablan de alrededor de 400.000 millones de dólares fugados desde nuestro país, un stock de riqueza casi equiparable al PBI, más que suficiente para financiar la consolidación del desarrollo económico y social de la Nación y, naturalemente, terminar definitivamente con el negocio de la deuda externa, injustificable frente a la suficiencia de ahorro interno”, explica la iniciativa en uno de los tramos.
Además, en los considerandos, el proyecto de Vallejos advierte que “debe modificar el régimen de la ley 25.188, de “Ética Pública”, en su Capítulo 5 referido a la figura penal de “la incompatibilidad” en el funcionario” y que “se deberán tipificar nuevas figuras penales vinculadas a una nueva modalidad de “Criminalidad Económica Offshore”.
Otro de los aspectos esenciales de la propuesta legislativa de Vallejos puntualiza que “deberán estar prohibidas en el ámbito del Estado las operaciones y contrataciones con empresas cuyos domicilios se encuentren en países identificados como guaridas financieras de lavado internacional”.
En este sentido, la legisladora electa recordó a este medio los antecedentes de “la compra de gasoil por parte del Ministerio de Energía, conducido por el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, a empresas offshore subsidiarias de la multinacional”.
Otros de los puntos esenciales del proyecto prevé “la suspensión preventiva y disponibilidad del cargo de funcionario denunciado, (agravando la pena por falsa denuncia, como garantía del funcionario leal) y la imprescriptibilidad de la acción y de la pena respecto del Funcionario y sus posibles testaferros”.
En este marco, Vallejos propone la creación de una Comisión Bicameral, en el marco del Poder Legislativo, que analice la “investigación y control de la las incompatibilidades de todos los funcionarios”, como “pieza clave de la nueva legislación”.
La economista y legisladora opositora recordó que “las investigaciones internacionales vinculadas a negocios financieros opacos han involucrado al gobierno de Cambiemos, desde el propio presidente, Mauricio Macri, entre otros funcionarios de su gabinete, con el estallido de Panamá Papers, durante 2016, cuando se conoció la existencia de más de 50 empresas del grupo Macri ocultas en paraísos fiscales, y en los últimos días, al darse a conocer una segunda investigación denominada Paradise Papers, donde los involucrados resultaron ser el minitro de Finanzas, el ex GP Morgan, Luis Caputo, y el de Energía, el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren”.
Además, la economista subrayó que “la gravedad de los delitos tributarios, económicos y financieros a la que quedaron vinculadas personas y empresas con participación en las principales guaridas fiscales del mundo, ha hecho estallar severas crisis políticas en diversos países que terminaron con renuncias de primeros ministros y funcionarios de alto rango. Argentina, para sorpresa de la prensa internacional, fue la excepción. No sólo no suscitaron la atención de los principales medios nacionales sino que el poder judicial se ocupó de desvincular, en un tratamiento exprés, al presidente por su participación en dos firmas offshore en Bahamas e Islas Caimán”.
