Tras el envío de la reforma tributaria y la continuidad de las conversaciones con el tema laboral y previsional, el Poder Ejecutivo quiere implementar a partir de fin de año una reestructuración en diversas áreas del Estado, como una forma de reducir gastos fijos y buscar eficiencia.

Parlamentario había anticipado a mitad de 2017 que el Gobierno iba a encarar a partir de fin de año una reestructuración de la administración pública central.

Ahora, se habla de reformulación de diversas secretarías, subsecretarías y direcciones generales y no se descarta la fusión de algún ministerio con otro.

Claramente la administración pública del país fue creciendo en los últimos años en cuanto a estructura e incluso se incrementó más con el actual Gobierno, ya que de 19 carteras ministeriales se pasó a 22, con lo que eso significa dentro del organigrama del Estado.

Un funcionario del gabinete económico confío a Parlamentario que “si queremos trazar un trabajo serio de baja del déficit fiscal, sin dudas que eso implica directamente hacer los deberes en casa”.

“Esto no significa despedir gente, sino reacomodar muchas personas que trabajan en el Estado y que tienen funciones superpuestas e incluso hay áreas que están con mucho personal, donde sobra, y otras en las que falta gente”, agregó el mismo funcionario.

El nudo central de esta reestructuración pasa por reducir el costo en los puestos políticos y allí se habla que habría una retracción para el próximo año del orden del 15 al 20 por ciento.

Sin dudas, que los que corren más riesgos en ese aspecto son la gran cantidad de personal que cumple función de “asesores” dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Otro funcionario, en este caso de Presidencia, resaltó que “si la gente está haciendo un gran esfuerzo para asumir el mayor costo que implica la baja de subsidios, si estamos reduciendo impuestos para la producción, desde el sector político sin dudas que debemos acompañar ese esfuerzo también dando el ejemplo y marcando el camino a seguir”.

Todo esto para promover una baja del déficit fiscal del país, el cual sigue siendo sumamente elevado y que tiene como consecuencias directas una persistente inflación en niveles elevados y un nivel de deuda que continúa creciendo.

Este tema fue un punto crítico que puntualizó la reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a modo de advertencia.

Este año, en principio, el déficit fiscal se va ubicar dentro de la pauta establecida del 4,2 por ciento del PBI, pero aparece como todo un desafío el objetivo de bajar un punto ese desequilibrio para 2018.