Más allá de los resultados definitivos que puedan llegar a tener en la práctica las leyes que promueve sin solución de continuidad el gobierno, la de la última semana fue una demostración de fuerza que impresionó a propios y extraños. Intriga pensar de qué manera se las arreglará el oficialismo para hacer avanzar tantas normas en un período tan corto, pero lo cierto es que lo demostrado hasta ahora supera largamente las expectativas.

Porque de un día para el otro, posturas cerradas se dieron vuelta favorablemente para el gobierno, que prolongó esta última semana la buena estrella que lo acompaña desde las PASO. Como primer botón de muestra tenemos el Pacto Fiscal firmado con los gobernadores de 23 de los 24 distritos del país, que más allá de los efectos que pueda conseguir, ya de por sí fue algo histórico. Y si bien todo indicaba que terminaría firmándose, lo cierto es que el miércoles el acuerdo estaba empantanado, al punto tal que el Presidente tuvo que mandar a su eficiente ministro del Interior para destrabar la situación. En esa reunión previa de los gobernadores se afinaron números, se hicieron concesiones, pero lo cierto es que al día siguiente Mauricio Macri tuvo a todos los gobernadores sentados con él para suscribir el acuerdo.

La manera como se consiguió garantiza un rápido paso por el Congreso, y hasta pareció destrabarse uno de los puntos que a priori aparecía como de más difícil resolución, como es el recálculo de la fórmula para la movilidad jubilatoria, un tema que plantea interrogantes incluso hacia el interior de Cambiemos, pero en el que pareciera haber logrado consenso el gobierno. Cediendo, por supuesto -como en todos los puntos-, pues no será un reajuste trimestral en función de la inflación, como planteaba originalmente Hacienda, sino “por algo más que la inflación, para que los jubilados no pierdan”, tal la definición de Rogelio Frigerio. Habrá que estar atentos a cuál es la nueva fórmula que elaboran -que deberá ser “racional”, remarcó el ministro del Interior-, y cual es el ahorro que conlleva, pero si no hay “sorpresas” se descuenta que no será un inconveniente insalvable.

El segundo botón de muestra fue la reforma laboral, con un sindicalismo parado de manos frente al borrador que había trascendido, pero súbitamente el triunvirato cegetista terminó coincidiendo con el ministro de Trabajo, con lo que el gobierno pudo celebrar el segundo gran acuerdo alcanzado en el transcurso de su por lo visto muy productiva semana. Jorge Triaca anunció que el proyecto ingresaría el viernes, pero recién lo hizo a la 1.01 de la madrugada del sábado, mediante expediente electrónico, por lo que su ingreso formal será este martes, cuando la Dirección de Mesa de Entradas del Senado le asigne el número de expediente correspondiente. La premura tiene que ver con la celeridad que el gobierno quiere imponerle al debate: pretende que se vote en el Senado el miércoles 29 de noviembre. Esto es, con la actual composición del Cuerpo; léase, sin Cristina Fernández de Kirchner.

Es interés del gobierno excluir a la expresidenta del debate de esa reforma, aunque eso no vaya a suceder con las otras tantas que se discutirán luego. Pero esa en particular es una discusión que no quisiera perderse CFK -que en la semana le hizo un guiño a Pablo Moyano, convertido hoy en un talibán dentro de la CGT-, mas el gobierno y la propia conducción del bloque PJ-FpV están de acuerdo con no hacerle esa concesión. Es que además los tiempos están muy acotados, y habiendo acuerdo con la CGT, las partes no ven la necesidad de demorarlo. Se verá.

Porque también había acuerdo sobre un tema casi resuelto como es la reforma del Ministerio Público, al punto tal que el proyecto consensuado tenía las firmas de Federico Pinedo y Miguel Pichetto. Pero dos veces fracasó su avance; la primera vez cuando Pichetto encontró resistencias en su propio bloque respecto de adelantar el tratamiento, y la semana que pasó, cuando se proponían firmar el dictamen, la reunión de comisión se levantó al persistir diferencias respecto del proyecto. A tal punto llegó la situación que el gobierno habría optado por postergar la discusión, con lo que se demoraría también la elección de quien vaya a suceder a Alejandra Gils Carbó al frente de ese organismo.

Igual, con la actual procuradora fuera del cargo a partir de fin de año el gobierno se da por bastante satisfecho. Sobre todo luego de que en la semana diera una señal muy contundente hacia el interior de la patria judicial, con la destitución de Eduardo Freiler. No es un hecho corriente la caída de un camarista federal, y por cierto Freiler era un hombre de gran ascendencia política en Tribunales. Satisfecho por la resolución del caso, un funcionario admitía el viernes que el gobierno espera que esa medida no pase desapercibida por parte de los jueces, si bien están molestos por lo que entienden ven como “una sobreactuación” de algunos magistrados. Lo cierto es que la eficacia con la que un gobierno en minoría como el de Cambiemos se las arregló para deshacerse de un camarista como Freiler, ha generado algo más que respeto en Comodoro Py: intimidación.

Lejos está el tiempo en que a sugerencia del ministro Garavano, el Presidente le aceptaba la renuncia a Norberto Oyarbide, en lugar de avanzar contra él con un juicio político, como reclamaba Elisa Carrió. Por entonces, Macri pensaba que no tenía el poder suficiente, ni las garantías de éxito necesarios para dar esa pelea. Hoy sí; esa y las peleas del reformismo permanente, al que acaba de sumar una modificación en el Consejo de la Magistratura, que se enviará al Congreso próximamente, según anunció el ministro de Justicia. Pero no son saltos sin red: en este caso, las modificaciones han sido consensuadas con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Con los cambios -habrá 3 miembros más y será más sencillo avanzar en un jury de enjuiciamiento contra un magistrado-, tendrán más motivos de inquietud los jueces.

Pero si bien Garavano anunció que ese proyecto irá próximamente al Congreso, no está dentro de las urgencias oficiales. Las reformas clave se debatirán entre diciembre y febrero, pero el gobierno las quiere tener aprobadas las principales para antes de fin de año, que es el tiempo en el que estima tendrá más poder concentrado.

Y mientras el oficialismo disfruta este momento, la oposición mira con preocupación y con expectativas menguadas 2019. Pragmáticos, durante las negociaciones de los últimos días los sindicalistas le plantearon a un interlocutor del gobierno que se imaginan negociando con ellos los próximos seis años… Esto es, reelección de Macri mediante.

Pero si el peronismo está en una etapa de incertidumbre, el proceso de descomposición más severo es el que vive el kirchnerismo, con dirigentes presos y algunos referentes emblemáticos cruzándose críticas a través de cartas públicas. Fue el caso de Aníbal Fernández, durísimo con Cristina Kirchner, y de Julio De Vido -que ya se había despachado contra la expresidenta- avalando sus dichos al día siguiente por Twitter. Y ni qué hablar de la foto que otorgaron los dirigentes kirchneristas frente al penal de Ezeiza el Día de la Militancia. Durán Barba nunca se hubiera animado a pedir tanto.

Cristina Kirchner se ilusiona con volver al centro de la escena el 29 de noviembre, cuando jure para su tercer período en el Senado. Puede que ese día la militancia la acompañe congregándose en torno al Congreso, evocando tiempos pasados.

En ese ámbito Pichetto imagina la manera de aislarla, mas sin romper. Precisamente para evitar la fractura del bloque PJ-FpV, directamente se armará otro que responderá a los gobernadores y el movimiento obrero, encolumnamiento que claramente Cristina no acatará. No habrá ruptura, simplemente no la incluirán. Con la conducción de Pichetto, el bloque Justicialista tendrá su espejo en Diputados, con las mismas referencias políticas, a las que tampoco se sumarán el medio centenar que seguirá respondiendo a la expresidenta.