La senadora nacional Sigrid Kunath (FpV-PJ – Entre Ríos) presentó un proyecto declarando su preocupación ante la denuncia del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones sobre el proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

“La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. Según lo denunciado por distintas organizaciones y organismos de salud, la modificación que se plantea pretende dar un giro rotundo en la política que tuvo como marco esta ley sancionada en 2010 con grandes acuerdos y valorada como modelo por los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos”, explicó Kunath.

“Esto representaría un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este colectivo”, sostuvo la legisladora al tiempo que señaló que “resulta preocupante que se intente hacer una reforma a través de un decreto reglamentario cuando es evidente que trata de modificar los postulados centrales de la Ley Nacional de Salud Mental”

En esta línea, la senadora destacó el compromiso y la participación del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Entre Ríos, integrado por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud; la Secretaría de Justicia del Gobierno provincial; el Ministerio Público de la Defensa; la Asociación de Usuarios, familiares y amigos de la Salud mental AUFASaM; el Colegio de Psicólogos de la provincia y la Asociación Hijos regional Paraná, quienes se han manifestado en este mismo sentido.

Cabe destacar que según plantea en los fundamentos, “esta nueva reglamentación modifica la concepción de la salud mental y la reduce a una perspectiva biologicista, insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales, reinstala el manicomio, bajo el nombre de Hospitales Especializados en Psiquiatría y Salud Mental, admite el aislamiento, de comprobada iatrogenia; reinstala el concepto de “peligrosidad”, sustituyendo el requisito de “riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros”; lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas”.

Además “reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad; quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del órgano de revisión de la ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación, quién ejercería un control sobre sí mismo. A la vez, impone una nueva conformación plenaria y modalidad en la toma de decisiones que desequilibra la pluralidad de sectores”.