Con la destitución del camarista federal Eduardo Freiler se confirma el dato que había sido anunciado, durante el 2016, por la Universidad Austral, a través de un estudio sobre los procesos de remoción de jueces federales, indica que en más de 160 años de historia institucional se realizaron 59 juicios políticos a jueces federales, pero 37 de ellos en los últimos 26 años.

El estudio, realizado por Alfonso Santiago -profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral-, comprende desde la creación de la Constitución Nacional en 1853 hasta la fecha. De los 59 juicios políticos a jueces federales se dictaron 46 destituciones, de las cuales 28 se realizaron en los últimos 26 años. Las destituciones fueron encausadas por diferentes vías: a través del Congreso de la Nación, de los Tribunales de Enjuiciamiento durante los gobiernos de facto y del Jurado de Enjuiciamiento.

El dato de la remoción de magistrados en nuestro país es llamativo. Solo basta comparar con los Estados Unidos, donde en 231 años de vigencia de la constitución norteamericana de 1787 sólo han sido destituidos por juicio político 13 jueces federales.

Sobre el motivo del por qué se aceleró el proceso en los últimos años, el doctor Santiago explica: “Se advierte un importante incremento de los juicios políticos a jueces que se debe al aumento de las situaciones de mala conducta y mal desempeño que han rodeado la actuación de los jueces federales en los últimos años, y de un relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de 1994”.

“Nos parece que el escándalo ha rodeado con demasiada frecuencia el quehacer de los jueces federales impactando negativamente en la imagen y la consideración pública”, agrega Santiago.

Algunos datos a destacar

Desde la vigencia de nuestra Constitución Nacional hubo un promedio anual de 350 denuncias contra jueces federales. El 93% del total de las denuncias han sido desestimadas por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, debido a que la gran mayoría que se presentan son improcedentes, y suelen provenir de las partes o letrados desconformes con las decisiones adoptadas por los jueces.

No obstante, el 80% de los dictámenes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura proponiendo la acusación de un juez han sido aprobados por el pleno del Consejo de la Magistratura. Casi el 30% de los jueces acusados por dicha Comisión renunciaron luego del inicio del juicio político y sus renuncias fueron aceptadas.

Estos son solo algunos datos que se desprenden del estudio realizado por la Universidad Austral, que cuenta con más análisis y estadísticas.

Un dato curioso

Desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1998 hasta el 2014, este organismo logró que 22 acusaciones a distintos jueces fueran tratadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sin embargo, más del 70% de las acusaciones ocurrieron hasta el 2006. ¿Por qué? Alfonso Santiago responde que, a partir del 2006, el Consejo de la Magistratura “ha ejercido de modo insuficiente la función acusatoria como consecuencia de las situaciones de bloqueo interno y de protección política a determinados magistrados judiciales”.

Sin embargo, el académico sostiene que “la introducción del proceso de remoción de jueces federales inferiores a cargo del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento dispuesto por el Constituyente de 1994, supuso una mejora respecto del anterior sistema a cargo del Congreso”; y agrega: “Compartimos en general las decisiones adoptadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, más allá de las dudas que nos surgen de las absoluciones decididas en los casos de los jueces Bustos Fierro, Lona y Axel López”.