Sin la presencia del ministro Guillermo Dietrich ni legisladores de Cambiemos, la Bicameral de Trámite Legislativo debatió sobre la medida con la participación de trabajadores del Vialidad Nacional.
A pesar de no tratarse de un Decreto de Necesidad y Urgencia, pero por considerarlo un decreto delegado, la oposición rechazó en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el decreto 794/2017 por el cual se crea la empresa Corredores Viales S.A.
Convocado al encuentro, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no asistió a la reunión al igual que legisladores de Cambiemos que integran la comisión presidida por el diputado kirchnerista Marcos Cleri.
Desde la oposición apuntaron que la medida consiste en la “privatización” de la Dirección Nacional de Vialidad, ya que la nueva empresa tendrá las mismas facultades que este organismo.
En el comienzo, Cleri dijo que “no” hubo respuesta por parte de Dietrich sobre la convocatoria y también reveló que no fueron contestados “informes que hemos pedido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a Dietrich y al procurador del Tesoro”.
Presente en la reunión, el diputado José Luis Gioja expuso sobre su proyecto para que se derogue el decreto porque “es ilegal e inconstitucional” y “no se va a regir por el derecho administrativo”. “Avasalla con todas las normas habidas y por haber, y viene a reemplazar a la Dirección Nacional de Vialidad”, sostuvo.
El sanjuanino señaló que a la nueva sociedad “se le dan las mismas facultades que a la DNV, y se le amplían. Se la autoriza a endeudarse con el aval del Gobierno nacional”. Advirtió que ya se han constituido las autoridades de Corredores Viales y afirmó: “Estamos hablando indudablemente de una privatización encubierta”.
Por último, el peronista manifestó su “solidaridad” con los trabajadores de Vialidad Nacional y recordó que durante el gobierno de la Alianza, en 2001, “quisieron hacer lo mismo”.
María del Carmen Burgos, delegada de Vialidad Nacional por ATE Capital, expresó el “total repudio” al decreto y apuntó que “el Estado delega facultades a los privados y pierde su capacidad de regulación”. También enfatizó que la medida “pone en peligro más de seis mil puestos de trabajo” y “es una maniobra más en sus objetivos de privatizar todo”. “Pedimos la nulidad de este decreto por inconstitucional”, concluyó.
Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti (PJ-FpV) señaló que este proyecto “quiere echar por tierra Vialidad Nacional”. “Es lamentable que el oficialismo no haya venido a plantear su postura, y que el ministro no haya venido a plantear que es lo que quisieron hacer con este decreto inconstitucional”.
