A través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, el senador nacional Gerardo Montenegro (Frente Popular) manifestó su preocupación por la quita del impuesto del 1% sobre el abono de celulares destinado a financiar el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

Montenegro, quien además es presidente del club de básquet Quimsa en Santiago del Estero e integra la Asociación de Clubes de Básquetbol como vicepresidente, cuestionó por ese motivo el proyecto de reforma tributaria y propuso su propia alternativa de financiamiento.

“Esta lamentable decisión de derogar el financiamiento del ENARD se tomó, seguramente, sin observar que durante su vigencia significó un importante avance en el desarrollo y financiamiento del deporte argentino de alto rendimiento, con importantes obras de infraestructura, el mejor equipamiento deportivo y el sostenimiento económico a los deportistas que representaron dignamente y con profesionalismo a nuestro país en las competencias internacionales”, sostuvo.

El legislador advirtió que si se concreta este cambio, “el ente perdería su sustentabilidad económica y financiera, ya que la planificación de las políticas deportivas no puede quedar sujeta a aportes del Estado Nacional sin asignación específica, quedando así a merced de los gobiernos de turno, impidiendo el cumplimiento de objetivos a largo plazo”.

En su proyecto, Montenegro pidió conocer los motivos de la reforma y si hay fuentes alternativas de financiamiento, más allá de la vigencia del inciso b) del artículo 39 de la Ley 26.573, que establece como otra fuente de recursos los aportes, donaciones, subsidios y contribuciones efectuados por personas físicas o jurídicas, estatales o privadas y “todos los recursos que pueda aportar el Estado nacional”.

Asimismo, ante la Cámara de Diputados, el senador santiagueño propondrá como alternativa de financiamiento “el producto de un medio por ciento (0,50%) sobre el total de la recaudación mensual sobre los impuestos internos a la telefonía celular y comunicación”.

“El Poder Ejecutivo podría utilizar este mecanismo que evitaría su argumento de distorsión económica que supuestamente causa la redacción actual del artículo, por una opción que garantice la autarquía administrativa y financiera del ente”, destacó.